La Fiscalía General de la República ordenó el jueves la captura del comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Christian Herson Flores Sandoval, por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo, es decir, cuando un funcionario solicita o recibe dádivas por realizar un acto propio de sus funciones.

Según la Fiscalía, Flores se valió de su cargo de comisionado presidencial "exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno".

Posteriormente a la captura, el presidente en licencia Nayib Bukele aseguró: "No es el primero, y tampoco será el último". Añadió que la guerra de su gobierno contra la corrupción será "tan exitosa" como la "guerra contra las pandillas".

La Fiscalía informó que "esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción" y anunció que será presentado a los tribunales correspondientes "para que sea procesado y responda ante las leyes".

Antes de ser comisionado presidencial, en 2020, Flores desistió de ser candidato a alcalde de San Miguel de Nuevas Ideas luego de una conversación con el entonces candidato de Gana, Wilfredo Salgado, en donde el acuerdo fue dejar a Salgado como candidato de una coalición entre Nuevas Ideas y Gana. Posteriormente fue nombrado subcomisionado y luego comisionado.

Christian Flores fue director comercial del Grupo Flores de 2008 a 2020 y director de proyectos de la Inmobiliaria Flores, según su hoja de vida, que también registra un diplomado en "Gestión de gobiernos exitosos y negociación política" obtenida en Buenos Aires, Argentina.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que continuará "firme en la lucha contra la corrupción en el nuevo país" que están construyendo. "Nadie está por encima de la ley. No nos vamos a detener, seguiremos trabajando en equipo. Se va a combatir la corrupción venga de donde venga. Sin excepción", escribió.

El delito por el cual es acusado el comisionado es penado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación del cargo.