Exactamente, en la madrugada de ayer, la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas detuvieron a un total de 1,405 personas, todos presuntos pandilleros.
El martes en la madrugada finalizaron los 30 días de régimen de excepción aprobados por la Asamblea, pero a petición del presidente Bukele, los diputados oficialistas aprobaron una extensión de 30 días más.
Durante esta prórroga, el Gobierno salvadoreño mantendrá suspendidas las libertades civiles y el sistema avala las capturas sin orden judicial, restringe la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga por hasta 15 días, además se faculta a las autoridades a intervenir las comunicaciones.
A esta medida se sumaron polémicas reformas para que los pandilleros enfrenten penas más duras que van desde los 20 hasta los 45 años de cárcel; y para penalizar los mensajes sobre pandillas que emitan los medios de comunicación.
De estas cifras, de detenidos, hasta ayer se conocía que unos 8,310 ya habían sido procesados en los juzgados especializados, tras ser acusados por agrupaciones ilícitas por la Fiscalía General de la República; también se supo de al menos dos audiencias donde enfrentaban imposición de medidas, unas 460 personas ligadas a pandillas; de ser enviados a prisión provisional, la cifra incrementaría a 8,779 judicializados.
Críticas.
Las detenciones y juicios sumarios en contra de supuestos pandilleros no han pasado desapercibidos por la comunidad internacional. La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró a través de un comunicado que el Gobierno de Bukele “ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña”, y llamó a la comunidad internacional para evitar que se desate una “crisis de derechos humanos” en el país.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch también han manifestado su preocupación por la imposición del régimen de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”.