Un tribunal de Sentencia de la zona oriental de El Salvador impuso una pena de 30 años de prisión, tras encontrar culpable de homicidio agravado a una mujer solo identificada como “Esme”, quien aparentemente sufrió una emergencia obstétrica en 2020.

La sentencia fue fundamentada en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y que fueron el resultado de la investigación del caso, indicó un portavoz de Agrupación Ciudadana.

La ONG manifestó que la defensa presentó suficientes pruebas para desvirtuar la acusación contra “Esme”, “pero el juez no le dio el mismo valor”.

La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, sostuvo que la condena a “Esme” es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estos casos deben ser tratado como problema de salud pública y de garantía de derechos a las mujeres.

“Seguiremos luchando para que todas las mujeres criminalizadas injustamente por estas circunstancias recuperen su libertad y tengan la oportunidad de rehacer y reconstruir su proyecto de vida”.
Morena Herrera,
Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.


La activista señaló que la emergencia ocurrió en la casa de “Esme” y mientras buscaba ayuda en el hospital, fue denunciada y posteriomente encarcelada.

La abogada Karla Vaquerano, defensora de “Esme”, sostuvo que el juez actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía que a su criterio estuvo cargada de “estigmas y estereotipos de género” y anunció que apelarán la resolución.

“Esme” es madre de una niña de siete años que en los últimos 24 meses que lleva el proceso judicial ha permanecida alejada de ella. “Gracias por apoyarme y acompañarme en esta injusticia que estoy viviendo”, fueron las únicas palabras que “Esme”, pronunció luego de conocer el fallo en su contra.

Según la Agrupación ciudadana por la Despenalización del Aborto, 64 mujeres han sido libertadas entre 2009 y 2022, luego de ser enviadas a prisión “injustamente” por enfrentar emergencias de salud durante sus embarazos.

“Desde 2006 se conformó un movimiento de personas defensora de los derechos humanos que han trabajado en la libertad de las mujeres y por un cambio en la legislación del país”, reza un comunicado.

En 2014 se lanzó la campaña libertad para Las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten y solicitaron el indulto al Estado para 17 mujeres condenadas.