“En nombre de la República de El Salvador fallo declárese responsable penalmente de los delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos...en consecuencia impóngase la pena por él delitos de venta a precio superior de un año, y por desórdenes públicos de dos años”, falló el juez de sentencia.
El juez explicó que la pena no será sustituida por medidas cautelares, ya que la defensa de Catalino Mirando no la solicitó, y debido a que está a la orden de otro proceso penal.
La Fiscalía General de la República había pedido, en cuanto al delito de venta a precio superior un año de cárcel, pero sustituido por trabajos de utilidad pública, sin embargo, el juez no lo aplicó.
El juez argumentó que pese a qué Catalino Miranda no figuraba como presidente de Acostes al momento de la comisión del delito de venta a precio superior, según la prueba documental presentada por la Fiscalía, aunque, en la misma confesión de Miranda dijo que era asesor y administrador, por tanto tenía injerencia y autoridad para ordenar el cobro excesivo del pasaje, convirtiéndose en un “administrador de hecho” y que había dolo y consentimiento.
En cuanto al delito de resistencia, que a petición de la Fiscalía había pedido se subsumiera por el delito de desórdenes públicos, el juez resolvió no hacerlo, ya que consideró que el delito de resistencia no existió, no ocurrió, al argumentar hubo una falencia en la tipificación de los hechos. El juez cuestionó a la Fiscalía sobre cómo lograron sostener esa acusación. En cuanto a la responsabilidad civil, el juez de sentencia lo absolvió.
La sentencia condenatoria fue dada luego que Catalino Miranda, como un requisito en el juicio abreviado, confesara y admitiera los hechos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Quiero ser corto y breve, admito los hechos que se me imputa de la Fiscalía General de la República”, fue la confesión judicial de Catalino Miranda, hecha el jueves 18 de mayo.
Miranda afirmó que él habría autorizado el cobro excesivo del pasaje en las unidades de transporte siendo la 42 y 152, aseguró que los afiches que los microbuses llevaban dentro donde indicaban el pasaje superior al establecido por el Viceministerio de Transporte (VMT) él los había avalado. La Fiscalía afirmó que con su declaración se establecía la comisión del delito de venta a precio superior.
También confesó que era culpable del delito de desórdenes públicos, ya que fue él quien arrebató y amenazó con demandas a los agentes que el 12 de marzo hacían decomisos de placas de sus unidades que estaban parqueados sobre la Avenida Independencia, cerca del parque Zurita.
Los hechos confesados por Catalino Miranda fueron corroborados por los testigos propuestos por la Fiscalía, entre ellos, el del subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Douglas Omar García Funes, quien fue el encargado del operativo que daba seguimiento al procedimiento de la División de Tránsito que realizaba los decomisos de placas de las unidades.
García Funes afirmó que constató que la detención de Miranda se realizó en “flagrancia” alrededor de las 5:40 de la tarde, luego que el procesado llegara ““alterado” al lugar del procedimiento acompañado por unos 15 hombres.