El monto cuestionado, según la Fiscalía General de la República (FGR), era en un principio de $307,990.93, pero la Cámara declaró la existencia de enriquecimiento ilícito por el monto superior de $322,761.83, luego de los hallazgos de una pericia contable que se realizó durante el proceso.
Ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años.
En la audiencia probatoria realizada el pasado 23 de marzo, según los fiscales, el incremento patrimonial del exdiputado asciende a $260,854.16, correspondiente al periodo legislativo de 2009 al 2012.
Mientras que su esposa, Brenda Cecilia de Mejía, se le señala de haberse enriquecido con $47,136.77, durante el periodo de 2012 al 2016, cuando fungió en el cargo de asesora de Presidencia de la Corte de Cuentas de la República.
La fiscal del caso explicó en ese momento que eran tres las irregularidades que se le cuestionaban a Cecilia de Mejía, sin especificar cuales eran.