El Tribunal Especializado de Sentencia "C” de San Salvador condenó este lunes a 14 años de cárcel al expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, y a 18 años de prisión al exministro de Justicia y Seguridad, David Victoriano Munguía Payés, por el caso denominado Tregua.

Al expresidente Funes fue condenado por los delitos de agrupaciones ilícitas a ocho años de cárcel, y por el delito de incumplimiento de deberes a seis años de prisión, sumando una pena total de 14 años.
“Condenase por el delito de agrupaciones ilícitas a ocho años de cárcel, y seis años años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes”.
Juez Especializado de Sentencia C de San Salvador.

Mauricio Funes vive en Nicaragua donde el dictador Daniel Ortega le ha concedido la nacionalidad nicaragüense para evitar su extradición.
Mauricio Funes vive en Nicaragua donde el dictador Daniel Ortega le ha concedido la nacionalidad nicaragüense para evitar su extradición.


En cuanto al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, fue condenado a ocho años de prisión por agrupaciones ilícitas y por el delito de incumplimiento de deberes a seis años de cárcel, además de cuatro años de cárcel por el delito de actos arbitrarios.

El juez argumentó su fallo basado en la prueba testimonial, pericial y documental que presentó la Fiscalía General de la República, que calificó como útiles, pertinente y lícitas, de las cuales, aseguró comprueban la comisión de los delitos de ambos procesados cuando eran funcionarios.

El tomador de justicia también explicó que se dejó establecido que ambos funcionarios tenían el conocimiento y el dominio de la acciones ilegales que se realizaban en el marco de los acuerdos con las pandillas, siendo el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS13, durante el 2011 y el 2013.

El juzgador aseguró que se acreditó acciones como reuniones entre pandillas, visitas de mujeres a los centros penales, el ingreso de orquestas para fiestas, traslados de pandilleros a otros centros penales, sin cumplir con el debido protocolo. Así mismo, el ingreso de los mediadores a los centros penales sin cumplir los protocolos de ingreso.

“(Los directores de Centros Penales) No tenían el poder de decisión de realizar esas acciones ilegales.... Es que todo era del pleno conocimiento del presidente y del ministro de todo lo que estaba sucediendo...con el objetivo de bajar la criminalidad”, afirmó el juez sobre los actos ilícitos que se cometían dentro de los centros penales.