El ilícito fue cometido cuando fungió como embajador de El Salvador en la República Honduras, en la administración del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009.
El militar que durante todo el proceso judicial permaneció con medidas sustitutivas a la detención, este martes, fue esposado y llevado a la prisión, luego que el juez le dictara su condena.
“Hemos conocido un caso de corrupción pública que se comete por abuso del poder de un funcionario en beneficio personal”, reflexionó el juez previo a revelar su fallo.
Asimismo afirmó que “la corrupción es un flagelo endémico mundial y El Salvador no escapa a él, y que además viola los principios éticos de la transparencia, lealtad del cargo, templanza para ejercer la función pública y que afecta los derechos de la población”.
El juez manifestó que aunque no hubo una prueba directa, la investigación que hizo la Fiscalía General de la República señaló como responsable del ilícito al exembajador Ochoa Pérez. Según la acusación fiscal, cuando el acusado fue nombrado embajador de El Salvador en Honduras elaboró dos contratos de arrendamiento donde funcionaba la sede consular en el hermano país, uno por $3,000 que envió a Cancillería y otro de $2,200 que quedó entre él y la propietaria de la residencia Soledad Funes de Ramírez. Esa diferencia entre ambas cifras fue a parar a manos de Ochoa.
El excoronel Sigifredo Ochoa Pérez entrega sus pertenencias antes de ser esposado, este martes. Jaime López
“Sin embargo, los indicios indican que $800 fueron entregados a su persona durante 48 meses ($38,450) y tres meses recibió $880 que sumaron $2,640 para totalizar $41,040”, calculó el juez.
Además, el juez concluyó que “los testigos fueron claros, precisos, creíbles y coherentes. En todo momento confirmaron que a él le entregaron el dinero (adicional del alquiler)”, aseveró el juez. La irregularidad fue advertida por el exembajador Juan José Figueroa Tenas, en el 2015 cuando asumió la embajada en Honduras.
“El ente fiscal se siente complacido con la decisión del señor juez Primero de Sentencia de San Salvador, que ha basado sus argumentos en las pruebas que han sido presentadas por el ente fiscal; consideró que había una solidez probatoria, hizo un análisis de la tipicidad y la trayectoria del señor Ochoa Pérez y logró establecer a través de los indicios que creó en su lógica y conocimiento que había peculado la cantidad de $41,040 cuando fue embajador de El Salvador en Honduras”, concluyó el fiscal del caso.
El fiscal afirmó que la prueba para arribar a esa condena fue la pericia; los peritos de la Corte de Cuentas y accidentales que estuvieron al inicio de la investigación fueron contundentes en los indicios y luego la declaración del exembajador Figueroa Tenas que narró los hechos y descubrió la existencia de los dos contratos.
El abogado Jerónimo de Jesús Jovel, uno de los defensores de Ochoa Pérez, afirmó que va apelar el fallo judicial y espera que un tribunal superior ponga en libertad a su cliente.
A pesar de hallar culpable al coronel Ochoa Pérez de tomar $41,040 del Estado, no fue condenado civilmente a devolver esa suma, ya que la propietaria del inmueble, María Soledad Funes de Ramírez, devolvió los $107,000 que el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le había pagado de más.
Finalmente, el juez descartó que Ochoa Pérez no estuviera en sus facultades de persona normal ni cuando cometió el ilícito ni ahora que debe enfrentar su condena, ya que según la última evaluación forense fue declarada sano.