Nueve de 15 magistrados que votaron a favor del juicio, designaron a la Cámara Primera de lo Civil, de la Primera Sección del Centro para que tramite el expediente.
La Corte objeta indicios de supuesto enriquecimiento ilícito en dos legislaturas de Peña.
“Resolución que declara indicios de enriquecimiento ilícito de la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza, en su calidad de diputada propietaria de la Asamblea Legislativa, en los periodos del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril de2018, ordénase juicio y remítase a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, San Salvador”, dice el acta de Corte Plena, con fecha 26 de enero de 2023.
Al inicio, la sección de Probidad detectó 26 irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Peña Mendoza, que sumaban un monto de $762,455.21, sin embargo, la exfuncionaria de la izquierda salvadoreña presentó pruebas de descargo que rebajaron la suma y demostraron el orígen de $484,972.67.
“Refiere que tomando en cuenta la documentación de descargo se tiene para el primer período un monto observado de $264,143.19; y para el segundo período $13,339.35 sumando un monto total observado de $277,482.54; en concepto de disponibilidad se tuvo $76,597.53, con lo que resta un monto no justificado de $200,885.01”, revela el acta de la CSJ.
Tras determinar el monto final del posible enriquecimiento ilícito, la CSJ no dejó estipulado cuáles y cuántas serían las inconsistencias finales en el expediente contra Lorena Peña.
En la sesión de la Corte Plena del 26 de enero del 2023, previo a tomar la decisión del caso de Probidad contra Lorena Peña, el magistrado presidente Óscar Alberto López Jerez, sometió a votación que el caso contra Lorena Peña fuera retirado por ser un expediente voluminoso y debía ser estudiado, sin embargo, no logró mayoría.
La exdiputada del FMLN y fundadora de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas),también es cuestionada por la comisión especial que investiga el destino final de los fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentale, es señalada de haber otorgado $518,890 de fondos públicos, entre 2011 y 2019, mientras ella era presidenta de la comisión de Hacienda.
Expediente en espera.
El acta también indica que los magistrados tienen en su poder el expediente de probidad del exdiputado y dirigente histórico del FMLN, Medardo González, sin embargo, fue retirado de la agenda sin conocerlo ni votarlo.Esta acta no detallaba el monto que la Corte cuestiona contra González.
La actual Corte Plena mantiene en completa reserva el listado de cuáles expedientes por enriquecimiento ilícito analiza y también de quienes son los funcionarios y exfuncionarios que no han presentado su declaración de patrimonio, como lo exige la la “Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos”.
En agosto de 2015 en El Salvador la CSJ liberó las declaraciones públicas de los funcionarios, luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública resolviera que, su versión pública, debía ser de conocimiento de los ciudadanos; posteriormente, la Corte las reservó y únicamente entregaba la información estadística.