La propuesta nace de la Mesa Judicial de la Corte Suprema de Justicia, según un documento publicado por el periódico digital El Faro el viernes anterior.
El decreto lleva por título Ley de Compensación Económica por retiro voluntario de los Funcionarios Comprendidos en la carrera judicial.
El documento tiene fecha 30 de agosto y se justifica con una “renovación” continua de la plantilla judicial. La propuesta de decreto también dice que pueden acogerse a el todos aquellos que tengan la edad de jubilación o que estén pensionados.
“Con ello se pretende no solo asegurar el retiro digno de quienes han entregado su vida a esta noble función, sino además, de jueces y magistrados que por diversas razones no pudieron acogerse al retiro determinado en el aludido D.L. No 144, así como ordenar a futuro próximo la progresiva jubilación de quienes se adecuen a cualquiera de los supuestos que se anuncian”, dice el documento firmado por el magistrado Ramón Iván García, quien coordina la Mesa Judicial.
El 26 de septiembre del año pasado, un decreto similar jubiló a más de 100 jueces y dio la potestad a la misma corte plena de trasladar a otros. Estas reformas a la Ley de la Carrera Judicial fueron fuertemente criticadas por el gremio de juristas, quien señaló que era un golpe a la independencia judicial.
Un grupo de jueces protagonizó al menos tres protestas e interpusieron recursos ante Cámaras para detener la reforma, sin embargo, la Corte apeló los recursos y terminó por aplicar el decreto.
Aumento de salarios.
La investigación del periódico digital El Faro también revela que la Corte aprobó un aumento de salario de $2,500 desde el próximo año para los 15 magistrados de la Corte Plena y un bono mensual de $500 para aquellos jueces que han sido nombrados para resolver los miles de casos del régimen de excepción.Sin embargo, estos deben pasar por el aval de la Asamblea Legislativa, misma que nombró a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo, cuando destituyó a los anteriores, en un hecho sin precendetes que fue ampliamente señalado por actores sociales nacionales y la misma comunidad internacional.
El próximo 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda deberá presentar el proyecto de presupuesto del próximo año a los diputados.