Noé Miranda Guardado, quien fungía como fiscal en la oficina de Chalatenango, capturado el 27 de noviembre y acusado de incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, y agrupaciones ilícitas, tras ser investigado y vinculado con el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con Centros Judiciales, la investigación sostiene que la supuesta estructura consistía en que Ayala Flores le daba órdenes al fiscal para apoyarlo en algunos procesos penales a cambio de dádivas económicas.
Asimismo, se identificó a José Mario Burgos Reyes, un exempleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), acusado de los delitos de cohecho propio y agrupaciones ilícitas, ya que presuntamente verificaba y modificaba información de diferentes inmuebles del exalcalde Ayala Flores a cambio de dinero.
Otra de las personas vinculadas a la estructura es José Matías Caravantes Serrano, acusado de falsedad material e ideológica agravada y agrupaciones ilícitas, quien presuntamente sostenía conversaciones con el exalcalde en las que manifestaba que podía elaborar escrituras públicas, conseguir firmas, notarios y todo lo que necesitara, según la acusación.
El exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, también es procesado en esta estructura como cabecilla de la organización y acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y cohecho propio.
El exalcalde ya cumple una pena de 45 años de prisión desde el año 2020 por delitos relacionados con el narcotráfico.
En la audiencia, el juez valoró los indicios probatorios presentados por la Fiscalía, entre los que incluyen elementos obtenidos mediante técnicas especiales de investigación. Por ello, ordenó la instrucción formal con detención provisional para los cuatro imputados y otorgó un plazo de seis meses para robustecer la investigación.
El quinto imputado identificado por las siglas M. M., abogado y notario, fue acusado de falsedad material agravada y agrupaciones ilícitas le ordenó medidas sustitutivas, incluyendo una caución económica de $3,000.