Según el abogado Samuel Merino, la camioneta fue comprada en diciembre de 2014, con ingresos proveniente de los intereses ganados por depósitos a plazo entre 2008 y 2014, que devengaron más de $140,000.
“Para la adquisición, la familia vendió un vehículo que ya tenía y los completó con parte de los intereses que había ganado el capital depositado en el sistema financiero, porque para comprar un vehículo de esa índole, hay que demostrar de dónde se ha sacó la plata”, explicó Merino.
El carro fue incautado en San Carlos, Morazán en 2016, y “y cinco meses después, estando en el parqueo de Fiscalía en Santa Elena, se le practicó una espectrometría de movilidad de Iones en busca de rastros de droga”.
Como resultado, el estudio reflejó la existencia de micropartículas de heroína que la Fiscalía busca vincular con el ilícito que se procesa a la familia.
En el juicio, el abogado Merino, preguntó al perito “cómo estaba esa camioneta cuando usted la abrió, y él contestó que estaba con cinta y legalmente embalada, es decir estaba sellada”.
“Pero cuando pedimos el acta de esa espectrometría, ahí se establece que la camioneta no estaba sellada sino abierta”, con lo que se detecta contradicción entre el dicho del perito y el documento que firmó.
Merino afirmó que la camioneta fue transportada por un equipo policial de la División Antinarcóticos desde San Carlos Morazán, trayecto que demoró cuatro horas de manejo “y obviamente si son personas que están en la división Antinarcóticos donde se resguardan cocaína, heroína y todo eso, estaban en foco de contaminación y obviamente al estar en contacto con la camioneta y al manejarla, pudieron haberla contaminado en esas circunstancias”.
Por esa razón estima que esa prueba no puede tener validez contra los procesados porque solo se encontraron micropartículas de cocaína en el volante, y no en otros nueve puntos estratégicos, “ni en el baúl ni en otro lugar salió positiva a droga”.
La familia Flores Batres es investigada por el delito de lavado de dinero y activo desde el 5 de julio del 2012 cuando Jaime Adalberto Flores Batres, fue sorprendido con $196,000 en efectivo, en aeropuerto Internacional El Salvador, de viaje a Perú.
A partir de ese momento, la Fiscalía General de la República inició una investigación por el supuesto lavado de $14 millones que a casi diez años está en su recta final.
La familia ha manifestado que sus bienes tiene su origen en el trabajo y en la toma de buenas decisiones de inversión; en Estados Unidos, en Perú y en El Salvador.
En Estados Unidos, en la época de recesión compraron casas a precios bajos y al venderlas le duplicaron su precio; Jaime Adalberto viajó a Perú donde desarrolló dos constructoras con las que edificó tres torres de lujosos apartamentos que les dejó casi $4 millones y en El Salvador, ese mismo dinero lo colocó en depósitos a plazos que les generó más ingresos, aparte de la actividad de bienes y raíces que siguió realizando.