La defensa del expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour, y otros abogados en caso Chaparral, alegaron al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador que procesar a los imputados ausentes es inconstitucional y que no se debe aplicar la reforma al Código Procesal Penal, aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa.

El juzgado confirmó que pidieron que se deje sin efecto y se declare inaplicable esa reforma, debido a que el caso ya había iniciado cuando la reforma entró en vigencia.

Gustavo Huezo, abogado querellante, explicó que el incidente de “control de convencionalidad", fue solicitado por el abogado de Samour y es aquel que indica que el juez de la causa es quien decidirá si aplica o no la ley o decreto al caso.

Añadió que los abogados fundamentan que se violan el principio de derecho a la defensa y el principio de retroactividad.

“Lo que está pidiendo el colega es que el juez inaplique el decreto que por violación al debido proceso al derecho de defensa y al principio de retroactividad de las leyes, de que un ausente no puede ir a audiencia preliminar porque se le violan todos estos derechos y con base a eso le está pidiendo al juez que inaplique eso”, explicó Huezo.

Tras resolver el incidente, la diligencia pasará a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que sea esta si resuelve si es aplicable o no.

“Este es un caso de cuatro años seis meses, me tienen preso y me están haciendo sufrir...te mentiría, unas 39 veces quizá”, afirmó el empresario, José Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, al preguntarle sobre la suspensión de la audiencia. Él es el único reo presente en el caso.

La audiencia estaba programada luego que el pasado 14 de noviembre también se suspendió, luego que la defensa de Mario Federico Pieragostini, representante de la constructora italiana Astaldi, presentó un escrito solicitando que se reprogramara, porque ellos tenían otras audiencias programadas para esa fecha.

Los imputado en el caso son el expresidente Mauricio Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán; el representante de la constructora italiana Astaldi, Mario Federico Pieragostini; el expresidente de la la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour; y el empresario, José Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” y José Efraín Quinteros.

Según la Fiscalía, los imputados afectaron al Estado desviando y quedándose con $45,244,418 con el aval de Mauricio Funes, luego de un arreglo directo entre la empresa italiana Astaldi, que tenía a cargo la construcción de la presa, y CEL.

El expresidente Mauricio Funes y los demás imputados fueron acusados por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado y agrupaciones ilícitas en las obras inconclusas en la construcción de la presa El Chaparral situada en el oriente del país.