El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, aseguró que los delitos patrimoniales presentan una tendencia a la baja del 20 % en un año desde que inició el Plan Control Territorial, el plan de seguridad implementado antes del régimen de excepción y al cual le adjudican en parte la disminución de homicidios.

“Si bien es cierto todavía tenemos incidencia en cuanto a delitos patrimoniales, estos se reportan a la baja, los delitos patrimoniales, principalmente en el hurto, han representado una baja sostenida de un 20 % anual... Actualmente, gracias a Dios, la Fiscalía desde el año 2022 ya logró revertir la cantidad de casos iniciados versus casos resueltos. Actualmente se resuelven más casos de los que ingresan, todo esto es consecuencia de las diferentes iniciativas legislativas que la Asamblea ha tomado a bien aprobar, el esfuerzo de la Policía y el trabajo de la Fiscalía”, dijo Rodolfo Delgado.

Las palabras de Delgado fueron dirigidas a los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, quienes lo recibieron para que diera sus aportes sobre tres iniciativas que envió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal.

Agregó que “todos los delitos de eficacia, que son los delitos de mayor impacto social, están con bajas sostenidas". El funcionario, quien aseguró que el delito de violación presentó una baja del 60 % respecto al año anterior.

Tenemos, por ejemplo, el delito de violación y ustedes han visto en redes sociales la campaña de la Fiscalía de mostrar a todos aquellos violadores que son capturados o condenados, tienen una baja del 60 % respecto al año anterior”.
Rodolfo Delgado,
fiscal general.


El funcionario explicó que el aumento solicitado a las penas a delitos patrimoniales, una solicitud realizada a la Asamblea Legislativa, no se debe al aumento de los delitos patrimoniales. El gobierno, por ejemplo, ha solicitado aumentar las penas para el delito de estafa de 5-8 años de prisión a 8-15 años.

"El propósito de la reforma no es porque tengamos el problema de alta incidencia de estos delitos, no. Es porque precisamente estamos en un momento de una relativa calma gracias a la captura de miembros de organizaciones criminales, es porque debemos de prepararnos. No tenemos que actuar como en el pasado, esperaban a que surgiera una alta tasa de delitos para empezar a crear las leyes, no. Tenemos en este momento que preparar las condiciones penales pertinentes mediante los incrementos de las penas que sirvan para disuadir a los que pretenden cometer esos delitos”, fueron las palabras del fiscal.

El gobierno ha solicitado el incremento de penas para el delito de robo agravado, actualmente la pena puede ir de ocho a 12 años; con la reforma se incrementará de 20 a 30 años manteniendo los siguientes casos:

1. Aprovechando estrago o calamidad pública o una situación de desgracia particular del ofendido;
2. Por dos o más personas: y
3. Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o explosivos.

Y agrega el numeral 4) que establece: "Si en el hecho se interviniere un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público".

Las reformas en cuestión al Código Penal siguen en estudio dentro de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa.