Los encargados de procesar el caso son los abogados de Cristosal, Abraham Ábrego y Ruth López, quienes pidieron a la CIDH emitir un informe y someterlo al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a su criterio hay al menos tres derechos violentados con la suplantación de identidad y la no protección de las víctimas vía amparo, solicitud que no respondió la Sala de lo Constitucional, de la CSJ.
Estos son vida privada y autodeterminación informativa, acceso a justicia y a recurso eficaz, y el derecho a tener un juez independiente e imparcial.
La denuncia contextualiza que en El Salvador entró en vigencia el Bitcoin como moneda de uso legal y para estimular su uso, el Gobierno permitió el uso de la Chivo Wallet, además entregó un subsidio de $30 a los ciudadanos, con solo descargar la aplicación en su teléfono celular y registrase.
Añade que para ese fin, la Asamblea Legislativa aprobó un fideicomiso especial (Fidebitcoin) administrado por el banco estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
“Al intentar reclamar o utilizar los $30, cientos de ciudadanos descubrieron que su identidad había sido suplantada y que el dinero del incentivo les había sido sustraído. Incluso muchas personas que no mostraron interés en utilizar la billetera digital tuvieron que revisar la billetera para constatar si su identidad había sido suplantada, lo cual en efecto, sucedió. También habrían sido denunciadas sustracciones de saldos de cuentas individuales en bitcoin”, aduce la denuncia.
Los abogados dicen a la Comisión que en la organización Cristosal recibieron 1,200 denuncias individuales sobre la suplantación de identidad y la sustracción del subsidio en la Chivo Wallet, y que el 16 de noviembre de 2021, cinco víctimas interpusieron amparos en la Sala de lo Constitucional. Alegaron violación a los derechos de la autodeterminación informativa en su faceta material, al honor y la intimidad, y se reclamó porque la empresa recolectó datos, autorizó cuentas con documentos de las víctimas, sin su consentimiento.
Pero al momento no han emitido ningún tipo de resolución, ni de admisión, prevención, y menos, una resolución. Ante las denuncias hechas a la Fiscalía, tampoco se ha dado información sobre si se han iniciado investigaciones.
A la Sala llegaron 239 declaraciones juradas de afectadas, de estas 208 denunciaron el caso ante la CIDH.
La abogada López también denunció ante la Corte de Cuentas de la República, que se inicie una investigación por irregularidades en la compra de Bitcoin y las cabinas para los cajeros Chivo Wallet, y recientemente reclamó que no ha habido una respuesta de parte de la institución.
A su vez, junto al abogado Jonathan Cisco presentaron una demanda para que se declare inconstitucional el artículo 92, inciso tres, de la Ley del Banco de Desarrollo de la República de el Salvador, por violación al artículo 6 de la Constitución de la República, por reservar la información del uso de fondos públicos.