“A través de la clínica de Primero Auxilios Jurídicos (estamos) colocando una denuncia ante la Fiscalía, una denuncia de una colega, de una mujer periodista, que justo hace un año atrás recibió una serie de vulneraciones por actos de agentes de seguridad pública y estatal. Nos vamos a referir al hecho sin mencionar el nombre por un tema de seguridad de la colega”, declaró Cárcamo afuera de las instalaciones de la Fiscalía.
La denuncia demoró alrededor de un año en ser interpuesta para “demostrar lo complicado que es para una periodista poder hacer uso de las entidades de justicia”, ya que, según la presidenta de APES “no hay tema de credibilidad”, y “porque hay un tema de temor de que pueda haber algún tipo de represalias”.
Añadió que la denuncia va encomendada a los delitos de “violación a la libertad de prensa y detenciones arbitrarias”.
¿Qué pasó?
En diciembre de 2022, una periodista, un fotoperiodista y el motorista que los acompañaba fueron retenidos en los alrededores de la construcción del penal de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, mejor conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (Cecot).Según la denuncia, fueron retenidos por más de dos horas por al menos 30 elementos custodios, policías y militares, quienes les revisaron el equipo de trabajo y los obligaron a borrar el material fotográfico y de video que tenían en sus cámaras y teléfonos celulares; esto pese a que otros medios de comunicación a fines al Gobierno ya habían realizado una cobertura periodística con anterioridad.
“Además de intentarles requisar el equipo pese a que, luego de una revisión, se había determinado que no había ningún acto ilícito por parte del equipo de prensa”
Angélica Cárcamo,
APES.
Cárcamo también expresó que el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, ha manifestado que los periodistas no denunciaban. “Ahora estamos colocando, en representación de una colega, esta denuncia, para ver si en efecto hay algún tipo de avances al respecto, no tenemos muchas expectativas porque, hay que decirlo, no es la primera vez que la Asociación coloca denuncias de este tipo y no hemos tenidos mayores avances de investigación”, agregó Cárcamo.
Por su parte, detalló que al año pasado, la APES presentó denuncias por el caso “Pegasus”, en cuanto al tema de espionaje, hasta la fecha la Asociación no ha tenido “ningún tipo de avance de comunicación por parte de la Fiscalía”.
Alegó que, a principios de este año, más de 20 periodistas salvadoreños denunciaron intentos de hackeos a varios dispositivos de cuentas de WhatsApp y que tampoco la Fiscalía ha dado avances sobre “quienes son las personas que estuvieron detrás de estos hechos”.
El escrito
Según el abogado de APES, Giancarlo de la Gasca, el escrito constituye la denuncia, la cual se formuló a partir de una situación que consideran “abusiva” por parte del Estado y las fuerzas de seguridad.El abogado aseguró que el Código Procesal Penal “establece límites muy específicos” para la delimitación de libertad de los ciudadanos, “ya no se diga cuando estos ciudadanos son periodistas que lo único que están ejerciendo es el vital derecho de información que es necesario y fundamental para una sociedad pluralistas y democrática”, aseguró.
Asimismo, aseveró que agentes de seguridad que se encontraban en la zona les tomaron fotografías y “no sabemos para qué, no sabemos con qué fin, simplemente nos tomaron las fotos sin nuestro consentimiento”, dijo.
El relator de Libertad de Expresión de APES, Gabriel Labrador, leyó un escrito el cual fue enviado por la periodista que sufrió la agresión, el cual decía:
“Ser intimidada y retenida por un aproximado de 30 policías, militares y custodios solo por ir al Cecot es un indicador de que la libertad de prensa en El Salvador quiere ser callada y que tampoco quieren que se divulgue qué está sucediendo en materia de seguridad y en centros penales, sin cometer ningún delito y solo por una orden de arriba nos soltaron, espero que la denuncia no solo quede registrada, sino que procesen a las autoridades que abusaron de su poder para retenerme e intimidarme, estaré muy pendiente del trabajo de la Fiscalía General de la República y los avances que podría y no realizarse en la investigación”, decía el pronunciamiento.
Labrador enfatizó en que este año otros colegas de otros medios internacionales como Univisión “tuvo un percance parecido, los retuvieron por un buen tiempo y ha habido otra serie de denuncias alrededor de este centro penal”.
Solo de enero a septiembre, de este año, la APES ha registrado 270 vulneraciones al ejercicio periodístico.