Detalla que cada día ocurrieron 235 capturas de parte de los agentes policiales, haciendo un total de 86,046 al 31 de diciembre del año anterior, cuando en 2021 eran de 85 capturas diarias.
“Estas 86,000 detenciones promedian 235 detenciones diarias y 1,170 detenciones mensuales, y en suma representan un aumento del 174 % respecto a las detenciones ocurridas en el 2021, que alcanza las 31,302 detenciones”, afirmó Jorge Rodríguez, quien es coordinador del OUDH.
El informe asegura que las detenciones constituyeron un uso excesivo y que ha sido mostrado por las autoridades como un símbolo de éxito del accionar estatal, sin tener en cuenta las detenciones arbitrarias.
Citando los datos estadísticos del observatorio de la UCA, solo en el 16 % de las capturas se les fue atribuido un delito al momento de la captura, un 84 % fue por razones de antecedentes penales, denuncia anónima o por estar en investigación. Así mismo, dijeron que tienen registros que un 38 % no se especificó la razón o motivo de captura.
“La masividad de las detenciones también generó la incapacidad de las instituciones de informar debidamente a los familiares sobre la detención, ubicación y estado de salud de las personas privadas de libertad, lo que en la práctica se tradujo en casos de desapariciones forzadas de corta duración, debido al desconocimiento de la familia del paradero o suerte de la persona detenida”, sostiene el informe del OUDH.
Ante el incremento de las detenciones, según el informe, la población penitenciaria a finales del 2022 alcanzó los 94,687 reos, provocando un hacinamiento del 306.79 %. Aunque explica que al agregar la capacidad con la que cuenta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) el hacinamiento se reduciría a 133.62 %.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que prohíbe el derecho a la defensa, a la detención administrativa por 72 horas y a la no vulneración a las telecomunicaciones.
Tras la aprobación del régimen, el Gobierno empezó a hacer capturas masivas de supuestos pandilleros.
Abusos de poder.
El informe señala que las denuncias sobre abusos de poder por parte de la Policía Nacional Civil contabilizadas el año pasado fueron de 847, interpuestas en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).De igual forma, la Inspectoría General de Seguridad Pública contabilizó 552 casos de vulneraciones a los derechos a la libertad.
Entre los hechos violatorios estaban las detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, malos tratos, inhumanos crueles o degradantes, uso excesivo de la fuerza en procedimientos, persecuciones o indagaciones ilegales, intimidaciones y coacción, violaciones al domicilio y registros indebidos. Así mismo, amenazas de muertes, ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza e inclusive homicidios culposos.
“Estas denuncias no han llegado a instancias judiciales en la proporción de denuncias existentes. Solo se han reportado 28 procesos penales en los cuales los imputados son policías...es decir que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos no han sido judicializadas”, destaca el informe, que agrega que en 2022 se materializó la respuesta estatal represiva y contra los derechos humanos.