Pese a la información brindada por las autoridades de la FGR y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), diferentes socios mantienen preguntas que rodean el supuesto fraude cometido según información de la FGR desde 2015 y que implicó delitos como defraudación a la economía pública, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
1. ¿A qué monto asciende la cartera de créditos de COSAVI y cuántos socios están vinculados a estos?
La SSF ha dicho que los créditos que tiene COSAVI son suficientes para cubrir los depósitos de sus socios, y ha dicho que estos depósitos ascienden a aproximadamente $230 millones.
2. ¿Cuántos socios de COSAVI tienen depósitos y a qué rangos de plazos?
La titular de la SSF, Evelyn Gracias, ha informado que los depósitos suman "alrededor de $230 millones" aunque no han detallado cuántos socios poseen dichos depósitos y a qué rangos de plazos.
3. De los $35 millones presuntamente defraudados, ¿qué cantidad de fondos fueron extraídos a Estados Unidos y a Alemania, y por quiénes?
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que el fraude asciende a más de $35 millones y que "parte" de estos fondos fueron extraídos al exterior. Aún no detalla cuántos fondos fueron extraídos a Estados Unidos, cuántos a Alemania u otros países, y por quiénes.
4. ¿Cuánto tiempo tardaría la recuperación de los fondos desde el exterior?
La FGR ha anunciado que recuperará los fondos extraídos por directivos de COSAVI en el extranjero, no ha detallado cuánto tiempo se tardaría.
5. ¿Cuál es el valor total de los bienes incautados a los directivos de COSAVI y en qué tiempo podrían liquidarse o recuperar su valor?
De la misma manera, la FGR ha detallado que ha "inmovilizado" 46 inmuebles, 27 vehículos y $14 millones de otros activos; no detalló cuánto tiempo puede durar la extinción y liquidación, o cuál sería el proceso para recuperar los fondos.
6. ¿Cuáles fueron los cargos que ocuparon en COSAVI o la implicación de las 15 personas capturadas por el fraude?
La PNC presentó a 15 personas y la FGR detalló los delitos imputados a cada una de las personas detenidas.
7. ¿A qué se debió la "defraudación" de COSAVI, se debió a una relajación de la regulación o de los estándares de control de su liquidez o se debió a otros delitos como esquemas de estafas Ponzi?
La FGR, que aún está investigando el caso, aún no ha explicado a qué se debió el fraude del cual informó el 9 de mayo. Sin embargo, se espera que posteriormente informe la causa de la defraudación detectada.
8. Una pregunta que surge es desde cuándo se conocían las irregularidades y si en algún momento estas irregularidades se pudieron ver en las cifras oficiales financieras o en las auditorías realizadas.
La FGR ha informado que las anomalías en COSAVI se venían cometiendo desde el año 2015. Sin embargo, una respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, del 26 de febrero de 2020, indica que no puede entregar a un ciudadano una fotocopia certificada del informe de auditoría a COSAVI realizada por un equipo auditor de Jimmy Caballero e Iván García. La respuesta es que la información fue “generada a solicitud de la FGR a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)” y explica que “toda información relacionada a un expediente de investigación goza de reserva”.
9. ¿COSAVI seguirá captando fondos o entrará a un proceso de liquidación?
La SSF ha informado que un equipo de la SSF administra COSAVI, en un proceso de intervención o "interventoría". También ha informado que entrará a un proceso gradual de entrega de fondos a sus socios.
10. ¿La interventoría de la SSF permite que se vuelva a reunir los socios en Asamblea General?
En caso de una interventoría provisional para proteger los bienes y patrimonios de la Cooperativa, algo que posibilita la Ley general de asociaciones cooperativas, la Asamblea General es convocada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) –que lleva los libros de contabilidad de las cooperativas– y esta se celebraría dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir del inicio de la interventoría. Sin embargo, este es un caso que surge a raíz de una investigación de la FGR.