Según la acusación que pesa sobre Walter Anaya, habría cometido el delito cuando fungió como funcionario, siempre embajador y ministro consejero en la Embajada de El Salvador en Honduras, dónde se habría apropiado de los fondos públicos provenientes de los alquileres en las casas de ese país.
El fiscal del caso explicó que la investigación nació con la denuncia que interpuso el embajador de El Salvador en Honduras, Juan José Figueroa Tenas, luego del periodo de Ochoa Perez.
La Fiscalía lo acusa que la apropiación de los fondos públicos se consumó cuando cobraban $880 mensuales como pago del arrendamiento del inmueble de la embajada.