Tras 24 meses de aplicación de la medida de régimen excepcional en seguridad, el gobierno salvadoreño ha detenido a 79,184 personas, presuntos terroristas, hasta el momento reveló este martes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

En la entrevista de Frente a Frente, Villatoro también reveló que se han decomisado 3,965 armas de fuego,8,122 vehículos y 20,140 celulares, un instrumento utilizado para la comunicación en las pandillas y que según el ministro, no serían nada sino tuvieran estos aparatos.

El pasado 27 de marzo, el régimen de excepción cumplió dos años de su aprobación por primera vez, la madrugada del 27 de marzo del año 2022, luego de un fin de semana que dejó 87 asesinatos, el más violento de la historia moderna del país.

La 24a. prórroga de la medida excepcional fue aprobada con 67 votos y finaliza el 10 de abril de 2024. Los diputados de Nuevas Ideas insistieron en esa plenaria que lo seguirán prolongando hasta que sea necesario. De hecho, el ministro Villatoro también ha insistido que mantendrán el régimen hasta capturar "al último pandillero".

¿Cuántos faltan?

En esa misma línea, el ministro Villatoro aseguró que según sus registros han detenido al 75 % de los pandilleros en el país y que el 25 % faltante, la mayoría, no están en el país.

Tras la aprobación del régimen de excepción, a solicitud del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa ha modificado el proceso penal para enjuiciar a todos estos detenidos y aumentado penas; para procesarlos, la Fiscalía tiene hasta 15 días para presentar la acusación y hasta dos años para investigarlos.

Además, ahora los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas de pandillas sin necesidad de individualizar los procesados, como ha ocurrido en la acusación penal contra casi 500 pandilleros de la Mara Salvatrucha. Eso sí, todos estos juicios tienen reserva al ser llevados por Tribunales contra el Crimen Organizado, también creados en este nuevo procedimiento.

Villatoro afirmó que antes de vacaciones de Semana Santa sostuvieron una reunión con la Corte Suprema de Justicia para "mantener ese balance, necesario a nivel de Tribunales contra el Crimen Organizado" que llevarán estos casos.