El diputado, quien enfrenta el proceso como reo ausente y con una orden de captura vigente, es acusado porque supuestamente negoció dádivas con el representante PAÍS, Roy García, a cambio de dividir a la fracción de Nuevas Ideas.
En su declaración, ambos diputados habrían tenido conocimiento que “particulares” (personas) “altas y gruesas” se habían acercado al diputado procesado para ofrecerle un combo “para decir cuando votar o no votar”.
De igual forma, en el juicio declararon los testigos: Rolando Rivera y Rivera, quien estuvo en un reunión, ya que era jefe de seguridad del diputado Gerardo Balmore Aguilar Soriano, a este último le fue suspendido el proceso por un año a cambio de confesar.
Otro testigo fue José Gabriel García Solís, un asesor de la Asamblea Legislativa que tenía conocimiento sobre propuestas de la Embajada de los Estados Unidos a los diputados. También declaró José Roberto Barrientos, alcalde de San Vicente, quien estuvo con el diputado en una cena, y fue cuando habría recibido una llamada telefónica supuestamente recibiendo propuestas de dádivas.
En el juicio también declararon dos peritos, quienes según la Fiscalía fueron propuestos para "para fortalecer el caso".
De acuerdo con la Fiscalía, el diputado José Ilofio García junto al legislador de San Vicente de Nuevas Ideas, Gerardo Balmore Aguilar Soriano, con el representante del partido PAÍS, Roy García, se habrían comprometido a convencer a un grupo de 15 a 25 diputados de Nuevas Ideas para que junto a ellos votaran en oposición al oficialismo.
A cambio, obtendrían visas estadounidense, que no sean nombrados en la lista Engel, residencias y ciudadanía en los Estados Unidos, así como fondos económicos para impulsar el desarrollo social y económico de los departamentos que representen y que de esa manera fueran diputados no solo por un periodo, sino por varios.
La Fiscalía dice que el delito se habría consumado el 7 y 18 de octubre, en un restaurante de Cojutepeque y la otra en un centro comercial de Soyapango.
En la audiencia preliminar, los magistrados rechazaron como prueba documental presentada por la Fiscalía, entre ellas, constancias que certifican la calidad de diputado, la certificación del antejuicio realizado por la Asamblea Legislativa, la asistencia legal a Twitter, plataforma dónde fue publicado el audio dónde supuestamente se escuchan a los diputados negociar, y el mismo audio por no establecer el origen, que supondría una vulneración constitucional.
Cabe mencionar, que la prensa no tuvo acceso al juicio en contra del diputado de Nuevas Ideas, pese a que el caso no tiene reserva de información. El juicio se desarrolló ayer en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, lugar dónde el control de seguridad es estricto con la prensa.