El reporte señala que a pesar de los avances en legislación y supervisión, el país enfrenta desafíos en la regulación de sectores de alto riesgo y en la aplicación de sanciones.
Según el informe, entre las principales técnicas de lavado de dinero identificadas están el uso de empresas fachada, el contrabando de dinero en efectivo, las remesas y criptoactivos, el lavado basado en el comercio (importaciones y exportaciones fraudulentas) y depósitos estructurados (fragmentación de grandes sumas para evitar detección).
El Departamento de Estado advierte que aunque El Salvador no es un centro financiero regional, pero su economía basada en efectivo y su participación en el Acuerdo de Control Fronterizo CA-4 facilitan el movimiento de dinero ilícito.
“La economía dolarizada y basada en el efectivo, junto con un acuerdo regional que permite la libre circulación de los ciudadanos centroamericanos, hace que El Salvador sea un lugar atractivo para el lavado de dinero. Los fondos ilícitos provienen principalmente del crimen organizado, incluyendo la ciberdelincuencia, el fraude, el tráfico de drogas y de personas, el tráfico de migrantes, el contrabando y la corrupción”, apunta el reporte.
Reformas legales y fortalecimiento institucional
El informe recomienda una reforma integral que permita cerrar vacíos legales y mejorar la efectividad en la lucha contra el lavado de dinero.El reporte estadounidense recuerda que en 2024, El Salvador implementó varias reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre ellas la Ley Especial contra Actos de Terrorismo que fue modificada para permitir sanciones financieras alineadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Ley de Emisión de Activos Digitales otorgó a la Comisión Nacional de Activos Digitales (NCDA) autoridad para supervisar proveedores de servicios de criptomonedas y además destaca que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) publicó guías sobre señales de alerta en lavado de dinero y lanzó un manual de prevención para abogados y notarios.
Sin embargo, el informe señala que a pesar de los avances, la legislación actual no otorga suficiente autoridad para supervisar y sancionar a sectores de alto riesgo como cooperativas financieras, agentes inmobiliarios y negocios no bancarios. Además, no existen sanciones penales para empresas involucradas en lavado de dinero.
El informe también señala que la reforma al Código Procesal Penal en enero de 2024 no clarificó aspectos clave sobre extradiciones y cooperación internacional, generando obstáculos para su implementación.
Investigaciones y casos emblemáticos
El informe cita que La unidad de inteligencia financiera de El Salvador aumentó su personal a 40 agentes y recibió 933 reportes de transacciones sospechosas, un incremento del 35 % respecto al año anterior.Además, la Fiscalía General de la República procesó 24 casos de lavado de dinero, logrando condenas en 14 de ellos.
Entre las acciones que destaca el informe figura la confiscación de $9 millones en bienes al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el procesamiento de 31 personas en un fraude de $35 millones en la cooperativa financiera COSAVI, la incautación de $4.75 millones en bienes vinculados al exministro de Defensa David Munguía Payés y la condena en ausencia a 8 años de prisión para el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por lavado de dinero.