El director ejecutivo de Fespad, Héctor Carrillo, aseguró que en dicho periodo, el Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas contabilizó estos casos, entre los que destacan violaciones a la libertad de expresión y de asociación.
En concreto, de 73 casos de vulneración al espacio público, 36 corresponden a la libertad de expresión, que corresponde a un 49.3 %, mientras que 28 de los casos fueron relacionados a la libertad de asociación con un 38.4 % y nueve casos fueron referentes a la libertad de reunión pacífica, que equivale a un 12.3 %.
Los casos registrados son vulneraciones al derecho al espacio cívico, como la censura, los ataques a la prensa y periodistas, así como marcos normativos aprobados por instituciones del Estado que limitan la labor de organizaciones de la sociedad civil.
“Cuando estamos denunciando un cierre al espacio cívico, cuando hay agresiones lo que estamos diciendo que está en peligro la buena gestión, no del actual gobierno, sino la buena gestión pública como práctica de la mano con la población, que responda las necesidades de la gente, que garantice los derechos de cada ciudadano en el país, eso es lo que nos preocupa cuando decimos que se está cerrando el espacio cívico”, declaró Carrillo en una conferencia de prensa.
De igual forma, Fespad señala que el número de casos relacionados a la libertad de expresión “subrayan la necesidad de continuar vigilando y promoviendo el respeto a las libertades cívicas”.
Los periodistas los más afectados
Con respecto a quienes han sido los más afectados, el informe revela que han sido los periodistas y los medios de comunicación en 31 de los casos, cifra que equivale al 42.5% de los perfiles más impactados.“Uno de los casos en los que se evidencian ataques es en relación con la investigación del periódico El Faro sobre un esquema irregular de compra de leche, donde al menos el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios emitieron discursos estigmatizantes, acusando al medio de manipulación y difamación”, expuso Fespad.
El resto de los afectados se registraron los líderes sindicales en 14 de los casos, nueve en contra de defensores de derechos humanos en nueve de los casos, ocho en contra de organizaciones que representan colectivos, cinco en contra miembros de partidos políticos, cuatro en contra manifestantes y dos, contra la población LGBTIG+.
“En el caso de las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan enfrentando discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos o personas afines al actual gobierno”, dijo la técnico jurídico de Fespad, Susana Rodríguez.
¿Quienes son los agresores?
En el otro extremo, los funcionarios públicos lideran el número de agresores en 28 de los casos, quienes representan el 38.4 % del total, seguido de 19 por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cinco relacionados con la alcaldía municipal.Además, se registraron cuatro casos donde los simpatizantes de partidos políticos han sido los agresores, cuatro por usuarios de redes sociales, tres por empleados públicos, tres de los casos relacionados al poder judicial, tres de empresa privada, tres de desconocidos y uno por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
“Durante las manifestaciones se documentaron retenes vehiculares realizados por agentes de la PNC y de tránsito, lo que genera preocupaciones en torno a las libertades cívicas”, expuso Fespad.
La técnico jurídico de Fespad, agregó que “la garantía del espacio cívico implica permitir la participación de la sociedad civil en la defensa de sus derechos, contribuir a la construcción de políticas públicas y ejercer control sobre las decisiones de los poderes públicos”.
Ante ello, instan al Estado salvadoreño a revisar los casos reportados en el informe, con el objetivo de impulsar acciones que garanticen un entorno seguro y propicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades y contribuir al desarrollo del país en todos los ámbito.