El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión a Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez, tras encontrarla culpable de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material por hacerse pasar como médica utilizando el registro profesional de otra doctora.
La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando la verdadera propietaria del número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) detectó que una persona desconocida estaba utilizando sus credenciales para ejercer actividades médicas. Ante la irregularidad, presentó la denuncia correspondiente ante el Consejo Superior de Salud Pública.
Las indagaciones determinaron que Cárcamo Jiménez operaba una clínica ubicada en la colonia Médica de San Salvador, donde atendía pacientes, realizaba evaluaciones médicas, prescribía tratamientos y practicaba procedimientos quirúrgicos sin poseer autorización legal para ejercer la medicina.
De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer alquiló un consultorio y una pequeña área quirúrgica donde desarrollaba sus actividades, utilizando para ello el número de registro de una profesional debidamente acreditada ante la JVPM.
Tras recibir la denuncia, personal de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica inspeccionó las instalaciones y confirmó que la imputada no contaba con documentos que respaldaran su formación o acreditación como médica.
Las autoridades procedieron a su captura el 30 de junio de 2025. Durante el allanamiento realizado en el inmueble, fueron decomisadas gabachas médicas con logotipos de hospitales nacionales, sellos profesionales y diversos equipos utilizados para la atención de pacientes.
La investigación también reveló que la procesada utilizaba distintivos y documentación vinculados al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla y a la Asociación Salvadoreña de Cirugía, con el objetivo de aparentar legitimidad ante quienes acudían a consulta.
En la resolución judicial, el tribunal concluyó que existió un concurso ideal de delitos y que la acusada actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Además, consideró que las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas durante el juicio acreditaron de manera suficiente su participación en los hechos.
Como resultado, el juzgado impuso una pena de cinco años de prisión, la cual deberá cumplir en un centro penitenciario. El fallo también destaca la gravedad de ejercer una profesión relacionada con la salud sin la debida autorización, debido al riesgo que representa para la vida y la integridad de los pacientes.
