El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, compareció este miércoles 30 de septiembre, en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres para rendir su testimonio sobre los hechos de la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando fue asesinada la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayarí Ayala Palacios.

El comisionado Arriaza Chicas rindió su declaración en el tercer día de juicio que el Juzgado Especializado ha instalado contra 13 imputados, nueve de ellos agentes y oficiales del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).

Arriaza Chicas ofreció su declaración en su calidad de testigo referencial de cargo por haber sido el subdirector de Áreas Especializadas de la Policía, a la que estaba adscrito el GRP, al momento del crimen.

Sobre el contenido de sus declaraciones no fue posible obtener información ya que el proceso goza de reserva judicial.

Lo cierto es que el director de la Policía Nacional Civil fue el primero de los testigos previstos para declarar, dijo un agente policial.

Un día antes lo hizo el exdirector de la Policía, Howard Cotto, y el ex subdirector César Valdemar Flores Murillo.

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Uno de los abogados defensores, quien en su condición de anonimato, afirmó que Cotto en una hora de interrogatorios, el martes por la tarde se refirió a los informes oficiales que sus subalternos le remitieron de los hechos y todos los involucrados.

Sobre sí las declaraciones del exdirector favorecen o no a los imputados, el abogado afirmó que “en un 50 % y 50 % benefician o afectan sus confesiones a los imputados; hay que tener presente que el señor Howard Cotto no estuvo en el lugar de los hechos, por eso no puede ser un testigo presencial y todo lo que supo es por los informes que le enviaron en su momento los altos mandos de la PNC”, dijo el abogado.
“Howard Cotto dijo que en el momento que se le informó de la desaparición de la agente Ayala ordenó un operativo para la captura del principal implicado contra los agentes que lo ayudaron”. Abogado.

Cotto dejó claro en el juzgado que Juan Josué Castillo Arévalo, alías “Samurái”, tenía plena capacidad para evadir la captura, se limitó a referirse a su labor administrativa sin señalar culpable. Castillo aún es prófugo y tiene una orden de captura por feminicidio