Esa fue la respuesta del Estado de El Salvador a la Relatoría Especial de Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a la Relatoría Especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quienes pidieron desde el 8 de marzo del 2023 al país un informe sobre la detención de seis exguerrilleros de Santa Marta.
"En lo que respecta a su comunicación con familiares y abogados, los procesados han tenido acceso a conversar con los defensores particulares designados, así como fueron asistidos por los mismos en alimentación y medicamentos", afirmó el Estado salvadoreño en un documento con fecha 6 de mayo.
Sobre los lugares de detención, el Estado respondió que los familiares y defensores que estén afiliados en el S istema de Información Penitenciaria (SIPE) y de personas debidamente acreditadas, pueden solicitar recibir información sobre las personas privadas de libertad en cuanto a su ubicación, traslado y necesidades.
"Así, la Dirección General de Centros Penales recibe a diario peticiones de la defensoría pública para conocer la situación jurídica de las personas privadas de libertad y a cada una se les brinda la debida respuesta", afirmó el Estado salvadoreño.
Afirmó que con la detención, de ningún modo se pretende obstaculizar actividades en defensa de derechos humanos, así como alegan familiares y defensa técnica, al contrario se investiga sus participación en la perpetración de tres delitos, entre ellos, el asesinato.
Respuesta "negativa".
Fuentes cercanas al caso consultadas por Diario El Mundo, calificaron la respuesta del Estado como "negativa", ya que si hay vulneración de derechos humanos, en lo referente a defensa, derechos a la visita familiar y a conocer el estado de salud.
"La familia únicamente la primera semana es que tuvieron contacto con ellos y de momento no tienen el número (del sistema SIPE) al que se refiere", afirmó la fuente cercana al caso.
Así mismo, el Estado salvadoreño aseguró que la detención provisional se mantiene en reserva bajo el argumento de peligro de fuga, y que se ampara en atención a la moral pública, la intimidad, la seguridad nacional y el orden público. En la misiva, el Estado relata que el 11 de enero, cuando se hizo la detención, un aproximado de 100 personas se manifestaron "de manera violenta, bloqueando calles de la comunidad, montando barricadas e incendiando objetos en señal de protesta frente al procedimiento”.
Se consultó a Vidalina Morales, directiva de la comunidad Santa Marta, pero dijo a este medio que en los próximos días darán un pronunciamiento como comunidad respecto a la respuesta del Estado.
Tras hacerse pública la respuesta de El Salvador, la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, dijo seguir preocupada sobre la detención de los seis detenidos en Santa Marta.
"He escrito al Gobierno de El Salvador sobre la detención de los defensores de Santa Marta y he recibido una respuesta. Sigo muy preocupada por su detención. Deben ser liberados", afirmó Lawlor.
Los capturados.
Los seis capturados son señalados de ser exguerrilleros miembros de la Resistencia Nacional (RN) acusados de los delitos de asociaciones ilícitas, privación de libertad y el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1989.
En este caso también son procesados José Eduardo Sancho Castaneda, conocido como Ferman Cienfuegos, y Arturo Serrano Ascencio, han sido declarados rebeldes y pesa sobre ellos una orden de captura.