A través de la entrevista del canal estatal, López aseguró que El Salvador no ha solicitado a Guatemala que corte nexos con la empresa privada, sino, conocer los planes de manejo de la mina y la zona donde se extraerán los metales.
“(Queremos) conocer el plan de manejo, conocer la zona, que nos garanticen que no vamos a tener nosotros contaminantes del lado de nuestra frontera. Ahora, ¿por qué dudamos? Porque se han solicitado esos datos muchísimas veces y no se ha tenido respuesta, incluso se ha tenido respuestas evasivas o negativas de parte de los gobiernos anteriores de Guatemala”, aseguró López.
La noche del miércoles, la cancillería salvadoreña anunció que la titular, Alexandra Hill, sostuvo una reunión con el embajador guatemalteco en El Salvador, Rubén Nájera, a quien pidió establecer una comisión técnico binacional para dialogar este tema “para garantizar el bienestar de los salvadoreños”.
La mina Cerro Blanco está ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, y es propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources Inc, quien el pasado 18 de enero publicó un comunicado donde aseguraba haber recibido el aval del Ministerio de Ambiente del vecino país, para iniciar operaciones; esto, cuatro días antes del cambio de gobierno.
Ambientalistas de Guatemala y de El Salvador han alertado que la extracción de metales de la mina a cielo abierto implicaría la descarga de aguas residuales en el río Ostúa, que tributa al lago de Güija, en Santa Ana, y éste a su vez, en el río Lempa, el principal proveedor de agua de El Salvador.
El movimiento Rebelión Verde El Salvador (Reverdes) explicó que Cerro Blanco extraería 2.45 millones de onzas de oro y 10.3 millones de onzas de plata, utilizando grandes cantidades de cianuro, que podrían terminar en las aguas del río Lempa.