La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, pidió este miércoles a Guatemala el establecimiento de una comisión de expertos de ambos países para abordar preocupaciones y riesgos que representan el posible retorno de las operaciones de la mina Cerro Blanco, ubicada en Concepción Mita, en Jutiapa, cuyas descargas ácidas y de polvo contaminarían la cuenca transfronteriza que incluyen al río Lempa y lago de Güija.

El pedido de El Salvador se produce luego que la empresa Bluestone Resources Inc anunciara que retomaría las operaciones, presuntamente tras haber sido autorizada por la saliente administración del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei que les permitiría operar “a cielo abierto”.

La canciller sostuvo una reunión con el embajador de Guatemala, Rubén Nájera, a quien le externó la preocupación del país, principalmente porque ambientalistas han advertido que las descargas residuales de dicha mina se hacen en el río Ostúa, cuyas aguas desembocan en el río Lempa y lago de Güija, de las que se obtiene el suministro de agua para cerca de cuatro millones de salvadoreños.

“Nuestra funcionaria solicitó crear una comisión técnica binacional y potenciar el diálogo bilateral alrededor de este tema, con el objetivo de garantizar el bienestar de los salvadoreños”, destacó la cancillería salvadoreña sobre la reunión.
Contrario al anuncio de retomar de Bluestone Resources Inc de retomar las operaciones presuntamente autorizadas de la Mina Cerro Blanco, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala aseguró este miércoles que inició un proceso de revisión que analizará un resumen interno de evaluación y aprobación de la enmienda de permisos ambientales solicitadas en 2021.

La institución aclaró que “no tiene la competencia para otorgar licencias de explotación minera”, por lo que pone en duda que la minera canadiense puede retomar las operaciones de Cerro Blanco a cielo abierto como lo anunciaron el martes.

Los ambientalistas han alertado que operar en cielo abierto únicamente llevan a que la minera extraiga toneladas de material de desecho de la operación, que generarían drenajes ácidos y polvos contaminantes al llevarlas a cielo abierto.

En 2022 más de 7,000 habitantes de Concepción Mita, en Jutiapa, Guatemala votaron en contra de la mina por los riesgos que representan para su comunidad.