El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló ayer el juicio ayer contra cinco supuestos miembros de la Mara Salvatrucha que amenazaron con quitarle a la vida a la familia de una víctima sino pagaba la extorsión de $3,000 en menos de 24 horas y una mensualidad de $60, delito que se habría consumado desde marzo del 2019 a septiembre del 2020 en San Martín.

Los cinco procesados son: Miguel Ángel Pleitez Rivas, alias “Tenebroso”; Carlos Alberto Herrera Rivera, alias “Calabra”; Rubén Alberto Ticas Menjívar, alias “Humilde”; William Alexander Choto Orellana, alias “Keko”; Luis Daniel Guzmán Mendoza, alias “Lobo”, todos están siendo procesados por los delitos de extorsión agravada en la modalidad continuada, limitación ilegal a la libre circulación y agrupaciones ilícitas.

“Alías “Humilde” llegó con “Tenebroso” y le interpuso la denominada renta, siendo así que les dieron un plazo de 24 horas para entregar ese dinero, lo cual las víctimas han manifestado que tuvieron que hacer préstamos para poder conseguir ese dinero”, aseguró la fiscal del caso. Añadió que ambos sujetos habrían pedido de forma violenta, a “Poseidón” que en 24 horas debía entregar los $3,000 y al no entregarlos los matarían.

Una vez se hizo el pago, los procesados exigieron una renta mensual de $60 a cambio de no atentar con sus vidas, contó la víctima clave "Neptuno".

En abril del 2020, los mismos mareros llegaron a la vivienda de las víctimas y, de nuevo con violencia, exigieron que retiraran una denuncia ante la Policía Nacional Civil; les dijeron que ya tenían listo a un abogado con el que se trasladarían a la sede policial para hacer esa diligencia. También, a "Poseidón" la privaron de libertad por más de una hora en un predio baldío como forma de presión.

Las víctimas se negaron, y fue cuando decidieron abandonar su vivienda "Después de esa amenaza tomamos la decisión de irnos de la casa, ya que valía más la vida", agregó la víctima clave "Neptuno". Luego se enteraron que la casa fue ocupada por los sujetos como casa “destroyer”.

"Fue ocupada por ellos mismos, porque a los días que nos fuimos, ellos abrieron la casa y ellos se fueron a vivir ahí. No podíamos vender o alquilar, ya que nos dijeron que ellos eran los dueños", narró una de las víctimas durante el juicio.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la jueza del Tribunal Quinto de Sentencia una pena total de 52 años de cárcel para todos los sujetos, 20 años por el delito de extorsión agravada, 12 por el delito de limitación o libre circulación y 20 por el delito de agrupaciones ilícitas.