El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó el martes prisión provisional en contra de dos personas acusadas de los delitos de administración fraudulenta (en calidad de autores directos), en perjuicio patrimonial de una sociedad, informó Centros Judiciales de El Salvador por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Según las investigaciones de las autoridades, los sujetos son señalados de administrar fraudulentamente fondos que suman más de $1.3 millones. Los imputados fueron identificados como Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián.

De acuerdo con los Juzgados, las transferencias incluían pagos de arrendamientos, adquisición de vehículos, servicios de telefonía móvil y otros desembolsos que no estaban vinculados a la actividad principal de la empresa.

Juzgados detalló que la investigación inició el 6 de febrero de este 2026, luego de una denuncia interpuesta por el representante legal de la empresa, quien aseguró que esta tuvo irregularidades debido a que los sujetos se desempeñaban como  ejecutivo de clientes y contador.

Se identificaron excedentes de cientos de dólares en los pagos a empleados, resultado de inconsistencias detectadas entre los montos reportados en las planillas y las cantidades efectivamente pagadas, indicaron las autoridades judiciales.

Además informaron que se registraron múltiples transferencias de dinero a favor de personas que no correspondían a empleados, proveedores ni prestadores de servicios de la empresa.

Según detalló Juzgados, en dicha publicación, se identificó que, durante 2023, se realizaron transferencias a favor de Carlos Ramírez por un total de $364,599.08, justificadas como comisiones. De igual forma, en 2025, Cristian González recibió un monto total de $82,779.69, registrado también como comisiones.

Además, indicaron que el propietario de la sociedad indicó que las cuentas bancarias eran administradas únicamente por él y los dos imputados; aunque las transferencias se realizaron utilizando su usuario sin autorización, generando un perjuicio patrimonial de $1,304,455.48.