El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, tiene una huelga de hambre desde aproximadamente un mes al interior del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, así confirmó ayer el abogado defensor y tío del exedil, Arturo Muyshondt.

Esta situación causó que ayer fuera llevado a un hospital privado de San Salvador para realizarle examenes, y mientras eso ocurría estuvo hospitalizado, sin embargo, ayer al cierre de esta nota se confirmó que el exedil fue trasladado nuevamente al centro penitenciario.

Explicó que la salida del penal dónde guarda prisión fue autorizada por el Juzgado Octavo de Instrucción para los exámenes indicados por el médico, debido a su condición de huelga de hambre.

Fuentes judiciales confirmaron que el exalcalde se niega a recibir el plato de comida del día, lo único que recibe son cereales, sueros, y la asistencia médica del recinto penitenciario.

Su salida del penal también fue confirmado por fuentes penales, quienes informaronn que en la tarde fue trasladado, nuevamente, al penal.

El exalcalde de San Salvador es procesado por los delitos de retenciones laborales y apropiación de cuotas laborales y su abogado explicó que la huelga de hambre la mantiene desde hace unas cuatro semanas, como "una protesta que está haciendo, por el hecho que los tienen ahí adentro".

Debido a su situación, la audiencia preliminar por el delito de retenciones laborales programada para este 27 de enero en el Juzgado Octavo de Instrucción fue suspendida.

El pasado 18 de enero también suspendieron la primera audiencia por el delito de retenciones laborales, en su momento, informaron que Muyshondt estaba en huelga de hambre, y que también la Fiscalía General de la República había solicitado una reprogramación por "no estar preparados".

Acusación.

Ernesto Muyshondt y dos personas más de la Alcaldía de San Salvador, son acusadas de apropiación indebida de retenciones tributarias e incumplimiento de deberes que suman $275,000.

Según la Fiscalía las retenciones tributarias que reprocha al exalcalde corresponden al último semestre de 2020, supuestamente dejadas de pagar al Ministerio de Hacienda, por parte de la Dirección de Desechos Sólidos.