Ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel cuatro exmilitares que integraron un "escuadrón de la muerte" durante la guerra civil en el país enfrentaron la audiencia preliminar, todos acusados de haber secuestrado, torturado y asesinado a cinco campesinos en el cantón San Andrés, del municipio de San Miguel, al oriente del país, un hecho ocurrido el 7 de abril del 1981.
Los tres exmilitares identificados como José Inés Benavides, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana, se convierten en la primera estructura que conformó un escuadrón de la muerte, durante el conflicto armado en el país, que son judicializados por un crimen de guerra, declarado como de lesa humanidad por un juez de paz.
También es procesado el exmilitar Ángel Aníbal Alvarado Benítez, este popularmente conocido como "El Chele Aníbal", quien está en calidad de prófugo.
La Fiscalía atribuye los delitos en perjuicio de Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y fue durante la noche que fueron sacados de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.
"Según las investigaciones, el 7 de abril de 1981 las privaron de libertad en el cantón San Andrés, de San Miguel. Sus cuerpos fueron encontrados días después de su desaparición, a la orilla de la carretera que conduce a San Alejo, en La Unión", informó la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.
La Fiscalía aseguró que una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”.
Supuestamente un “oreja” dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato. Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.
La resolución sobre si son enviados a juicio o son sobreseídos de los delitos de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y el delito contra las leyes o costumbres de guerra se dará a conocer el próximo lunes 6 de febrero.
