De esas víctimas, solo el 12.7 % de las víctimas, aseguraron haber puesto una denuncia ante las autoridades o buscar algún tipo de asistencia estatal. El informe añade que de estas, el 60 % de las víctimas eran mujeres.
Según la ley especial, una persona en condición de desplazamiento forzado es aquella que se “ha visto obligadas a huir de su domicilio o lugar de residencia habitual para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
En dicho informe, Ayuda en Acción ha recogido que los factores socioeconómicos siguen siendo las causas de la migración de los salvadoreños en los últimos años, le siguen la seguridad, y la reunificación familiar. Sin embargo, también recogen informes de Cristosal donde también aparece el cambio climático como causa del desplazamiento forzado y la migración.
Junto al informe, la organización no gubernamental lanzó la campaña “Caminante sí hay camino”. “Reconocemos que la movilidad humana es un derecho que todos tenemos en el mundo”, dijo ayer Michael Sambrano, director de país de Ayuda en Acción.
Según Sambrano, la campaña se enfoca en dos ejes, uno, es donde presentan el camino de los desplazados y la migración forzada, y el segundo el de la vida, que representa la niñez.
Caravanas.
El informe también pone en contexto las caravanas migrantes que han surgido desde los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hacia Estados Unidos desde el año 2018 y que hasta febrero de este año, 2022, se contabilizaban en 13.Según el especialista, Jorge Sagastume, las caravanas no fueron un modelo exitoso, aunque permitieron la migración de familias enteras, y en teoría, disminuir “el coyotaje”; sin embargo, fueron el punto de inflexión para la criminalización de la migración, especialmente, países con México, donde se recibió la caravana de migrantes con toda la fuerza militar y policial.
Sagastume ejemplificó que incluso los medios de comunicación de países vecinos criminalizaron la migración con titulares que indicaban que la inseguridad aumentaría por causa de los migrantes en situación irregular.