El caso de corrupción por el desvío de más de $351 millones provenientes de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, conocido como “Saqueo Público”, llegó a su fin este viernes con la condena de tres años excarcelables, a la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, por el delito de simulación de delito.

La resolución del caso se dio a conocer luego de más de un año de espera y tras la suspensión en seis ocasiones, en el cual fueron procesadas otras nueve personas, entre ellos José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” y Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario.

En la lectura del fallo, el juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador explicó cada uno de los delitos de los que eran acusados los imputados, en los que figuraban lavado de dinero y activos, peculado, evasión fiscal y simulación de delitos.

En el caso de Pignato, la Fiscalía también la acusó por el delito de lavado de dinero y activos, sin embargo, fue absuelta porque a criterio del tribunal ella no fue quien lo cometió, sino su entonces esposo, Mauricio Funes, ya que él era quien sufragaba los gastos de ella.

Por ello, solo recibió una sentencia de tres años por simulación de delitos, ya que se le comprobó que adquirió una camioneta por $60 mil y quiso pretender que nunca firmó la compraventa y que había falsificado su firma, situación que no pasó, expuso el juez.

Los tres años de condena fueron reemplazados por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.

¿Cuál fue la argumentación en las otras penas?

Con respecto a los demás procesados en el caso, el tribunal declaró sentencia para José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé” a 14 años de cárcel, divididos entre seis por evasión de impuestos y ocho por lavado de dinero y activos. Además deberá pagar más de $183,000 por responsabilidad civil.

De acuerdo con el juez, se determinó que “Mecafé” recibió dinero de los gastos reservados del Estado por $10,000 mensuales como presidente ad honorem del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), dada la confianza que existía entre “Mecafe” y Funes, por lo que se configuró el delito de lavado de dinero y de activos.

En el caso del delito de evasión fiscal, el procesado no declaró al Ministerio de Hacienda más de $170,000.

Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, sentenciado a 13 años de cárcel, cinco por lavado de dinero y ocho años por peculado como cómplice necesario.

El juez añadió que la Unidad Financiera de Casa Presidencial fue la encargada de movilizar fondos de dinero al Banco Hipotecario y de dicha entidad bancaria se movilizaba a otras cuentas para acceder a los fondos.

A su vez, la Fiscalía constató que Rivera recibía $5,000 mensuales, si como bono navideño de mismo monto, desde los fondos reservados de la Presidencia en pago de los servicios realizados en el Banco Hipotecario para beneficio de la red creada por los imputados.

Además que solicitaba préstamos bancarios y los pagaba con dinero que recibía en calidad de “complemento salarial”, pese a no ser empleado de la Presidencia.

David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, fue condenado por lavado de dinero a ocho años de cárcel.

El juez explicó que a Rivas se le comprobó la recepción de 31 cheques del Banco Hipotecario y con ello alcanzó un incremento patrimonial del cual facturó depósitos por un monto de $225,000 provenientes del fondo del Estado.

Posterior al dictamen de la sentencia, el procesado reiteró su inocencia y explicó que los gastos se repartieron. “Soy inocente, nunca llego a mi poder un solo centavo, yo firmé esos 31 cheques pero ese dinero fue para el pago de complemento de los empleados de la Secretaría de Comunicación, ese dinero nunca pasó por mí”, sostuvo Rivas

Y agregó que los $225,000 por los que se le acusó fueron usados para la compra de un equipo de video y que existe un expediente que valida la compra de dicho aparato. “Considero que la resolución es injusta y vamos a apelar”.

Además, responsabiliza al exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres, por la forma en la que se administraron los fondos reservados.

Con respecto a Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro del expresidente Mauricio Funes, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de lavado de dinero y de activos.

¿Y los demás acusados?

En el caso de las otras cinco personas acusadas, Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad de Casa Presidencial; Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial; Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial; Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia de la República y Luis Miguel Ángel García fueron absueltos de los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

Aclarar que en un principio el juez indicó que a Panameño se le comprobó el delito de peculado, sin embargo, la acción del delito se cometió por una orden superior y temor de perder su empleo en ese momento, por lo que fue absuelto.

Además, expuso que dichas acusaciones en contra de Arteaga, Castellano y GÓmez fueron las mismas presentadas en un anterior proceso en la gestión del expresidente, Elias Antonio Saca, por lo que ya fueron juzgados y no puede proceder una segunda vez.

Con respecto a Luis García fue absuelto del delito de lavado de dinero y de activos, ya que según el tribunal, García no cometió lavado de dinero sino que fue usado por su hijo quien trabajaba en Casa Presidencial y era quien recibía dinero.

El juicio comenzó oficialmente el 15 de agosto de 2023 y concluyó el 3 de noviembre del mismo año, y desde entonces el referido Tribunal encargado tenía pendiente la lectura de la sentencia, tras varias ocasiones de suspensión.

Antes de conocer la sentencia, el Tribunal suspendió en seis ocasiones el fallo, en su mayoría por petición de la Fiscalía General de la República.