Dicha aclaración surgió luego que el entrevistador de Frente a Frente, Moisés Urbina, preguntara sobre ¿Qué sucede si un diputado de la Asamblea Legislativa, se identifica como tal y dice que no quiere realizarse dicha prueba?
El titular de Obras Públicas explicó que al dar positivo a la prueba de alcotest, se reporta a Asamblea Legislativa o Casa Presidencial.
“Nosotros le pudiéramos hacer la prueba, y lo que se hace normalmente es que se reporta a la Asamblea incluso en Casa Presidencial”, explicó Romeo Rodríguez este viernes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Rodríguez aseguró que en el pasado se ha desaforado a diputados cuando se ha requerido procesar a un funcionario público, incluido a funcionarios oficialistas, y que este no sería el caso en que puedan requerir a dicha situación.
El ministro reiteró que nadie está exento de realizarse las pruebas antidoping y aunque una persona que tiene fuero no puede ir a prisión, si pueden hacer los avisos para empezar los procesos.
El pasado 20 de diciembre, antes que la Asamblea Legislativa aprobara una serie de reformas que impusieran la cero tolerancia al alcohol a los conductores, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, pidió excluir de cualquier posibilidad de fuero la aplicación del delito de conducción peligrosa.
Rivas aseguró que esta reforma es necesaria porque un diputado de la Asamblea Legislativa en el año 2,000 sacó su arma a la patrulla que le intentó hacer el examen de alcotest y que otro diputado en 2020 tuvo un accidente en estado de ebriedad en donde murió una persona. Su propuesta no tuvo votos.
La propuesta de Rivas solo recibió a favor los tres votos de la oposición y un diputado que votó en contra. Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro aseguró que el país no puede "seguir en este desorden vial".
El último diputado al que se refirió Rivas fue Arturo Simeón Magaña, quien en agosto del 2020, causó un accidente de tránsito en la colonia Escalón de San Salvador donde murió el joven Francisco Moya.
Magaña fue procesado y esta causa penal se alargó hasta febrero del 2021, en medio de irregularidades, como la prueba de alcoholemia una semana después del siniestro vial. Al final concilió con la familia de la víctima por $20,000.