Según expuso Guillermo García, la Procuraduría no ha cumplido con la labor de monitorear las condiciones de detención y asegurar que no se vulneren los derechos de las personas detenidas.
“Nos preocupa porque la institución que debe velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña es la que se queda callada”.
Guillermo García,
Exempleado de la PDDH, en una conferencia de prensa.
García señaló que como empleado de la Procuraduría se encargaba de tomar las denuncias de los salvadoreños y uno de los casos se trató de una persona que llegó a buscar información de un familiar que estaba preso en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, y que había sido trasladado sin saber dónde.
“En ningún lugar daban respuesta, solo hubo uno que se tomó su tiempo, ingreso al sistema y me pudo dar la información y me dijo que le dijera al usuario si ahí lo tiene, ‘dígale que su familiar no se encuentra en el sistema penitenciario y que se prepare para lo peor”, relató García.
El exempleado de la PDDH manifestó que la persona acudió a Medicina Legal y mediante fotografías encontró que su familiar había muerto y enterrado tres meses atrás. “Y en esos casos donde no se ha pronunciado la institución”, recalcó.
García aseguró que los empleados de centros penitenciarios temen dar información sobre los privados de libertad por temor a represalias, y enfatizó que desde que se dice que una persona no se encuentra en el sistema penitenciario, hay que darlo por muerto, “eso es como una regla”, situación que afirmó la PDDH conoce, pero cuestionó “¿por qué no se pronuncia?”.
La denuncia del extrabajador de la Procuraduría toma relevancia con reportes de organizaciones de derechos humanos que han manifestado su preocupación por la vulneración de los derechos de los presos.
Recientemente, Unidehc presentó un informe donde denunciaron que las personas privadas de libertad en El Salvador carecen de atención médica al interior de los centros penales, según un médico que estuvo en prisión y era el encargado de atender a los demás reos.
Según el testimonio del Dr. Henríquez, atendía a los reos del penal Mariona cuando inició el régimen de excepción y en su mayoría los internos no reciben la atención adecuada para tratar enfermedades graves, ni acceso oportuno a tratamientos médicos necesarios.
A su vez, Socorro Jurídico Humanitario informó que a inicios de diciembre ya registran 340 muertos al interior de los centros penales, durante el régimen de excepción, donde el penal de Izalco reportaba la mayor cantidad de muertes.