La audiencia de vista pública está programada para las 9 de la mañana. Los jueces encomendaron hacer todas las gestiones para que el exministro Mauricio Ramírez Landaverde, y Ramón Fernández Roque Mártir, los únicos procesados que están en la cárcel, comparezcan al juicio.
El tribunal justificó que adelantar la fecha del juicio responde a resolver la situación jurídica de los procesados en el menor plazo posible y para "no continuar vulnerando derechos fundamentales de estos", haciendo referencia a la libertad ambulatoria, salud y seguridad jurídica.
En la resolución a la que tuvo acceso Diario El Mundo el tribunal explica que se recibió un reconocimiento médico forense que se hizo al exministro Ramírez Landaverde y este arrojo que padece de enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo II y de hiperlipidemia, y donde se recomendó que debe de ser con un tratamiento médico.
El tribunal menciona que el médico del Instituto de Medicina Legal recomendó que el exministro debe salir del centro penal La Esperanza a consulta externa de la especialidad de cirugía en el Hospital Nacional Rosales, para que pueda recibir el tratamiento médico-quirúrgico.
Garantizar salud y libertad
El tribunal tras conocer el informe médico advirtió de la obligación del Estado, y de ellos como autoridad judicial, en garantizar el derecho a la salud de todas las personas y las ligados al caso, así mismo, le advirtió al estado que también estaba en la obligación de cumplir la orden de libertad en favor de Ramírez Landaverde y Ramón Roque. La orden de libertad está dada desde el 11 de diciembre del 2023, cuando se ordenó el cese de la detención provisional por vender el plazo máximo."Hasta la fecha, la orden de libertad no se ha hecho efectiva por las autoridades del Complejo Penitenciario La Esperanza, razón por la cual, el 9 de enero y 2 de febrero se le solicitó informó al director de dicho penal sobre la situación jurídica de los referidos procesados, a fin de saber si están a la orden de otra sede judicial, si es que fuera ese el motivo por el que no se le ha dado cumplimiento a la orden judicial de libertad, por hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna", aseguró el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
La familia del exministro ha denunciado la privación de libertad de su familiar, incluso, han interpuesto denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por privación de libertad y actos arbitrarios.
El caso
El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.