En el foro sobre las observaciones finales que hizo esta organización al Estado, Hennebel manifestó que la sociedad salvadoreña debe cuestionarse sobre el futuro, frente a las medidas de seguridad excepcionales.
Reconoce que hay una especie de “paradoja salvadoreña” al expresar que antes del año 2022 todos los informes de la ONU exigían al Estado medidas drásticas para regresar el derecho a la seguridad a los salvadoreños, y ahora que, “la política de gobierno ha puesto fin a la violencia endémica” y “ha permitido al gobierno recuperar el control de su territorio”, los mismos organismos critican la medida.
“Tenemos que ver los derechos humanos como un pan duro que va a oscilar entre seguridad y libertad, todo el tiempo. Y realmente lo que las sociedades tienen que hacer es que haya un equilibrio entre los dos, y eso puede ser más difícil de encontrar y de implementar que solo las políticas de seguridad”, manifestó Hennebel el pasado jueves en un hotel capitalino.
En su reflexión reconoció también que El Salvador “ha estado en guerra contra las maras, contra el crimen organizado”. “¿Qué hacemos ahora? Me parece que es importante hablar del pasado, pero me es importante también, de manera pragmática, hablar del futuro. Hablar la manera que después de la deconstrucción de la guerra, ¿cómo podemos construir algo? ¿cuál tipo de construcción podemos hacer? ¿cuál tipo de sociedad queremos en El Salvador?”, señaló.
Hennebel afirmó que siempre hay “discursos populistas” que enfrenta a los derechos humanos y a la seguridad, discursos que a su ver se basan “en la manipulación del miedo y la ignorancia”, pero que no deben ser escuchados, porque a largo plazo no puede existir y sostenerse. La seguridad sin derechos humanos.
“Sin derechos humanos, sin libertad, solo con seguridad, no hay futuro y eso me parece que es el mensaje de órganos de derechos humanos, de protección de derechos humanos cuando hablamos con El Salvador”, apuntó.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador tiene en vigencia un decreto de régimen de excepción, que permite la suspensión de tres derechos constitucionales: la detención administrativa de 72 horas, el derecho a la defensa y la no inviolabilidad de las telecomunicaciones. Esta medida excepcional fue aprobada por la Asamblea Legislativa después de un fin de semana que dejó más de 80 homicidios.
Hasta el momento, el régimen ha permitido las capturas masivas de personas, supuestamente vinculadas a las pandillas que ya suman 68,294 capturados hasta el 4 de mayo de 2023, también más de 4,000 denuncias de violaciones a derechos humanos y de más de 112 personas que murieron en manos del Estado, al interior de los centros penales, cuya causa de deceso no ha sido aclarada.
La Asamblea Legislativa ha prorrogado el régimen de excepción en 12 ocasiones y los diputados oficialistas, junto a funcionarios del Gabinete de Seguridad han declarado que la medida seguirá ”hasta capturar al último pandillero”.