Lo cuestionado por la Fiscalía General de la República es en el periodo que ella fungió como viceministra del 1 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2009, durante la presidencia de Elías Antonio Saca.
De acuerdo con la demanda, la exviceministra no justificó el incremento de $11,815.41 correspondiente a depósitos bancarios, compras de vehículos y pagos de tarjeta de crédito.