Jaime Adalberto Flores Batres habló con Diario El Mundo e insiste en su inocencia en el caso de lavado y dinero que lo acusa la Fiscalía General de la República, y sostiene que el dinero que se le cuestiona es fruto del trabajo y sacrificio que hizo como migrante en Estados Unidos: “Todo está debidamente documentado”, asegura.

“Yo me voy en 1994, llego a Estados Unidos, del 94 al 2000 yo aprendo un oficio, una nueva lengua, aprendo el oficio de carpintero... Después de ser carpintero, me hice empresario, con sus costos, con sudor, hambreadas, trabajo, en Estados Unidos del 2000 a 2004 nace la primera empresa, como contratista de servicios”, aseguró Jame Flores.

Asegura que la Fiscalía ha multiplicado los montos de los ingresos, y reiteró que para hacer las operaciones con sus empresas de construcción tenían disponibilidad económica.

“Fiscalía los ha multiplicado, esperamos que todos salga bien primero Dios”, agregó.

El abogado defensor, Samuel Merino, también aseguró que en septiembre del 2022 un tribunal también los absolvió por los mismos, que lograron comprobar con documentación la legalidad de los fondos y patrimonios, ya que las empresas fueron legalmente constituidas.

“Se demostró el origen lícito de los bienes, estamos hablando de salvadoreños de la diáspora que han vivido toda su vida en Estados Unidos, y que en Estados Unidos no se dedicaban a vender pupusas, sino que a empresas constructoras legalmente constituidas en el país más industrializado, esas empresas con más de 400 proyectos millonarios, con ganancias millonarias”, dijo el abogado.

Acusación.

La Fiscalía mantiene la acusación del proceso que lleva más de diez de años, donde indican que Jaime Adalberto Flores Batres era el líder de la supuesta estructura que lavó $12 millones, ya que habría girado parte de sus ingresos obtenidos en Estados Unidos entre 2004 y 2009, a su madre Rosa Batres Flores viuda de Flores en El Salvador para que los colocara en depósitos bancarios a plazos y así ganar intereses.

Además, que viajó a Perú donde creó una constructora que entre 2010 y 2013, que le generó ingresos por $4,693,140.79, dinero que luego lo remesó al país. En 2022, el Tribunal Tercero de Sentencia absolvió penal y civil a los miembros de la familia, tras determinar que la Fiscalía no probó los delitos.