La Fiscalía General de la República avaló cuatro juicios abreviados como salidas alternas al proceso penal y las propuso ayer al Juzgado Tercero de Instrucción, en la audiencia preliminar del caso denominado “Sobresueldos”, donde son procesados diez exfuncionarios de la gestión Funes, de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los cuatro exfuncionarios que estarían dispuestos a confesar los delitos a cambio de una reducción de la pena son: la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal; el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores; y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

“Presentar su dictamen de acusación, establecer la relación de los hechos de cada uno de los imputados, tanto las personas ausentes como las presentes, y anunció también que tiene salidas alternas para cuatro de los imputados”, informó el abogado defensor de Hugo Flores, Martín Morales.

Explicó que en el desarrollo de la audiencia, la jueza dará su resolución sobre si aprueba o no los juicios abreviados, y de ser aprobados, escuchará la confesión de los cuatro exfuncionarios.
Respecto al exministro Trabajo, Calixto Mejía, abogados en el proceso manifestaron que aún estaban las pláticas entre la defensa y Fiscalía sobre si autorizaba el juicio abreviado.

Sin abreviado.

Diario El Mundo consultó a los abogados defensores de los cinco procesados ausentes, y afirmaron que ninguno buscará un juicio abreviado. Los ausentes son: el expresidente Salvador Sánchez Cerén; el exministro de Seguridad, Manuel Melgar; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo López Suárez; y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.

La audiencia se desarrolla a puerta cerrada, debido a una reserva parcial de información, respecto a la declaración de testigos con criterio de oportunidad. De llegarse a aprobar los cuatro juicios abreviados, la prensa no tendría acceso a la confesión de los hechos.

La acusación de la Fiscalía consiste en que el dinero de los sobresueldos, salía supuestamente de la partida secreta de Casa Presidencial, transferidos desde el ministerio de Hacienda a la Presidencia, sin el aval de la Asamblea Legislativa, entre 2009 y 2014, en la administración de Mauricio Funes, por un monto total de $2,673,000.

El dato

De los diez imputados en este caso, solo cinco están presentes, bajo medidas alternas a la detención. Entre los ausentes está el expresidente Salvador Sánchez.