De los 19 años de cárcel, 15 años fueron pedidos por el delito de lavado de dinero y activos, y cuatro años por el de simulación de delitos.
Los cuatro años de cárcel por simulación de delitos es la pena máxima solicitada por la Fiscalía, por un caso de denuncia “falsa” en la supuesta falsificación de una compraventa de un vehículo, por $66,000, dinero en efectivo que supuestamente provenía de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de la Casa Presidencial.
Mientras en el caso de lavado de dinero, la Fiscalía pidió la pena máxima de 15 años, porque supuestamente recibía $100,000 en efectivo mensuales, según el testimonio del exsecretario privado de la presidencia, Francisco Cáceres, y del expresentador, Jorge Hernández. Sobre esta acusación, la defensa de Pignato ha dicho que son falsas.
Una de las fiscales del caso indicó que la exprimera dama recibió fondos públicos que habrían sido utilizados para pagos de tarjetas de créditos, compra de bienes muebles e inmuebles, adquisición de boletos aéreos, con una presunta ayuda de testaferros, que habrían generado un lavado de dinero de $1,400,647.49.
Detallaron que las operaciones fueron realizadas en efectivo y los fiscales aseguran que no existe registro de que hubiese podido obtener el dinero de forma lícita, ya que no se encontró un respaldo sobre la procedencia.
Arresto domiciliario
Tras los alegatos de la Fiscalía, también solicitó decretarle arresto domiciliario a Pignato, para garantizar su comparecencia al fallo y al proceso; el Tribunal Primero de Sentencia accedió. La defensa de Pignato aseguró ayer a Diario El Mundo que apelarán la decisión, ya que no era el momento procesal oportuno para hacer un cambio de medidas. La exprimera dama estaba únicamente cumpliendo medidas de llegar a firmar cada tres días al tribunal.Alegatos de defensa
Tras conocer los alegatos finales de la Fiscalía, con penas que oscilan entre 4 años de cárcel hasta 30 años, la defensa de los implicados en el caso Saqueo Público iniciaron su exposición de los alegatos con los que pretenden desvirtuar y demostrar la inocencia de sus defendidos.“La defensa espera demostrarle al tribunal que la Fiscalía está errada en la imputación que se ha venido manejando...se ha logrado probar dentro de la producción y desarrollo del juicio que esos $351 millones se encuentran distribuidos entre pagos realizados a las agencias del Estado, gastos varios de Casa Presidencial, y un sin fin de proveedores, a los cuales se les hicieron pagos por servicios prestados a la Presidencia de la República, y además, se encuentran debidamente documentados y que el servicio fue prestado, por tanto, jamás fue cierto que esos $351 millones fueron apropiados por los funcionarios públicos que están involucrados en el presente caso”, afirmó el defensor, Raynoldo Rosales.
El abogado Ricardo Martnez, también explicó que se ha establecido que las cuentas bancarias de donde se extrajo el dinero no eran personales, sino cuentas patrimoniales, y que las erogaciones eran aprobadas por la Dirección General de Tesorería de Hacienda, además, el proceso se auditó por medio de la Corte de Cuentas, sin reparos en la emisión de esos cheques.
Petición FGR