“Es curioso que durante la audiencia este criminal solicita agilizar su salida hacia una cárcel norteamericana, pues ya no quiere enfrentar la justicia salvadoreña, ahora que ya no tiene ningún beneficio y su estadía en la cárcel se ha vuelto un verdadero castigo a sus crímines”.
Rodolfo Delgado,
Fiscal General de la República en su cuenta de Twitter.
Según los datos revelados por el fiscal, la audiencia de intimación sobre la petición de extradición de “El Sirra” ocurrió el jueves 21 de abril pasado, donde se le notificó que Estados Unidos lo requiere por los delitos de entregar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, cometer actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo y narcoterrorismo.
Arístides Dionisio Umanzor Osorio, alias “El Sirra”, fue condenado a 33 años de prisión por homicidio, secuestro y daños agravados en el año 2000. En 2019, le sumaron 14 años de cárcel por homicidio en el proceso judicial conocido como operación Cuscatlán, donde la Fiscalía General de la República afirmó que golpeó las finanzas de la Mara Salvatrucha.
En 2009, Umanzor Osorio fue trasladado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, donde estaba confinado a una celda de aislamiento, sin entradas de luz.
Durante 2012 y 2013, los años de la tregua, Umanzor fue uno de los cabecillas de la MS que apareció liderando el llamado acuerdo de pacificación entre las pandillas, y fue trasladado al penal de Ciudad Barrios.
En 2016 pidió medidas autelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras estar un año en aislamiento y condenar al Estado salvadoreño, pero las medidas fueron negadas.
El 15 de enero de 2021, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a 14 pandilleros salvadoreños de la MS-13 por terrorismo, entre ellos, Arístides Dionisio Umanzor, alias “El Sirra”.
El fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York, Seth DuCharme, responsabilizó a la MS-13 de la violencia que asola a comunidades del sector de Long Island de todo el este de Nueva York.
La acusación involucra a los cabecillas de la MS-13 en asesinatos, intentos de asesinato, asaltos, secuestros, tráfico de drogas, extorsión de personas y empresas, obstrucción de la justicia, además, sostiene que la estructura envió dinero producto de actividades ilícitas en EE. UU. a cabecillas en El Salvador.