La Fiscalía General de la República presentó la acusación final en contra de cuatro exmilitares señalados del homicidio de cinco personas en una masacre cometida en 1981, en el cantón San Andrés en San Miguel, en un proceso judicial reconocido como crimen de lesa humanidad.

La acusación es en contra de José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavidez Polío, José de la Cruz Orellana Iglesias y Ángel Anibal Alvarado Benítez, este último conocido como “El Chele Aníbal”, quien está prófugo.

“Estas personas formaban parte de una estructura en el conflicto armado, de lo que se dio en llamar escuadrones de la muerte, dicho dictamen fue presentado en el juzgado Primero de Instrucción de San Miguel”.
Fiscal del caso.


La Fiscalía General de la República destacó que es la primera vez que se procesa a una estructura de los denominados “escuadrones de la muerte”, a quienes se les señala de centenares de muertes y ejecuciones durante el conflicto armado.

De los cuatro acusados, tres fueron capturados en agosto del 2021 y durante la audiencia inicial, el juez Cuarto de Paz declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad, sin embargo, a dos les otorgó medidas alternas a la detención a cambio de una fianza de $20,000.

La declaratoria de lesa humanidad permite que los delitos señalados -asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas, y delito contra las leyes o costumbre de guerra- no prescriban aunque se cometieron hace más de 40 años.

Benavides Polío ronda los 92 años de edad mientras que Benavides Martínez los 81, para ellos se había impuesto las medidas alternas a la detención, por su avanzada edad.

La historia del crimen

La Fiscalía explicó que Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y en la noche fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”, indicó la Fiscalía en su momento.

Supuestamente un "oreja" dio información sobre ellos al S2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981.

Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.