La Fiscalía General de la República (FGR) continuó este viernes con los alegatos finales en la audiencia única abierta contra 485 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y expuso ante el tribunal la estructura de mando que, según la acusación, permitió a la ranfla nacional ordenar y controlar delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, los fiscales insistieron en que los 22 ranfleros históricos de la organización mantenían el control sobre las operaciones criminales ejecutadas por las distintas estructuras territoriales de la pandilla, tanto desde las calles como desde centros penitenciarios.
Según la Fiscalía, la MS-13 evolucionó de una pandilla juvenil a una organización criminal con presencia nacional e internacional, integrada por 32 programas en El Salvador, dos programas en el extranjero y 230 clicas distribuidas en distintos territorios.
Como parte de los alegatos, el Ministerio Público explicó que la organización mantenía una estructura jerárquica integrada por la ranfla histórica, la ranfla, corredores de programa, corredores de clica y miembros de base, bajo un sistema de mando en el que las órdenes debían cumplirse independientemente de quién ejecutara los hechos.
Los fiscales también detallaron tres mecanismos que, según la acusación, eran utilizados para autorizar homicidios dentro de la estructura.
El primero era conocido como «válvulas abiertas», una modalidad mediante la cual se emitían órdenes masivas de asesinatos para ejercer presión sobre el sistema penitenciario. El segundo consistía en autorizaciones escritas dirigidas al barrio, en las que se identificaba a una víctima específica y que debían ser aprobadas por los niveles superiores de la organización. El tercero era denominado «pegada permanente», una autorización para asesinar a integrantes de pandillas rivales que ingresaran a territorios controlados por la MS-13.
De acuerdo con la Fiscalía, en cualquiera de estas modalidades era obligatorio presentar reportes que ascendían por la cadena de mando, pasando por miembros de base, corredores de clica, corredores de programa y, finalmente, los ranfleros.
«En esta parte inicial, que es el corazón del caso, hemos probado cómo estas estructuras territoriales pequeñas se fueron expandiendo en programas, posteriormente hasta en zonas y después hasta dividirse todo el país», afirmó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
El funcionario agregó que durante los alegatos también se desarrolló el denominado «testamento», un conjunto de reglas internas que, según la acusación, servía para mantener disciplinados a los integrantes de la organización y garantizar la obediencia a los mandos superiores.
La audiencia única abierta contra la MS-13 agrupa más de 47,000 imputaciones atribuidas a 485 procesados por delitos como homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y otras actividades criminales cometidas entre 2012 y 2022.
La Fiscalía sostiene que las pruebas incorporadas durante el proceso son suficientes para establecer la responsabilidad penal de los acusados y obtener condenas por los hechos atribuidos.
La audiencia continuará el próximo lunes en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
