Los $191,000 es el dinero que la Fiscalía le incautó a Farfán de Gómez, en el proceso donde es acusada de comercializar terrenos “sin tener los permisos correspondientes como propietarios, lotificadores o para parcelar”, en diciembre del 2023.
La audiencia a puerta cerrada se realizó debido a que el dinero incautado debe ser puesto en custodia del Ministerio de Hacienda, según confirmó una fuente judicial.
"La audiencia de ahora simplemente para contar el dinero decomisado, nada más, solo contaron el dinero decomisado para que legalmente, ya que necesitaba ya enviarlos a fondos ajenos en custodia del Ministerio de Hacienda...salieron $191,000 más fracción", aseguró la fuente judicial.
Es de destacar, que cuando inició el caso, la acusación de la Fiscalía General de la República indicaba que el pasado 5 de diciembre habían incautado $296,570 a la empresaria, sin embargo, tras el conteo se desconoce qué pasó con el resto de dinero que afirmó la Fiscalía haber incautado.
En el caso son acusados los empresarios Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, madre e hijo, y seis personas más, de las cuales nunca se dio a conocer las identidades. Todos son acusados de los delitos de estafa agravado, comercialización de lotes o parcelas y agrupaciones ilícitas.
A la empresaria Farfán de Gómez también se le atribuye el delito de casos especiales de lavado de dinero, específicamente por el dinero incautado, que según Fiscalía no logró demostrar la legalidad de su procedencia.
Cinco de los ocho acusados en el caso ARGOZ seguirán en prisión. Lisbeth Ayala
Todos se mantienen en detención provisional, mientras se realizan las investigaciones que serán discutidas en audiencia preliminar. Un abogado de la defensa aseguró a Diario El Mundo que se gestionará la aplicación de medidas sustitutivas a la detención para la empresaria de 78 años de edad, debido al padecimiento de enfermedades.
La acusación
La acusación fiscal asegura que ARGOZ y otras sociedades no contaban con los permisos para la venta de lotes, y que, pese a no tener las autorizaciones las vendían, pero al final no entregaban las escrituras, una vez la víctima cancelaba los lotes.La acusación es en perjuicio de 24 víctimas, que hasta la fecha no han obtenido sus escrituras por los pagos realizados a sus terrenos. Las víctimas compraron sus terrenos en Apopa, Colon, La Libertad, Nahuizalco, Sonsonate, Panchimalco y San Salvador.