"De conformidad al artículo 117 que se pueda mandar a llamar a ellos por apremio para que puedan venir y rendir su testimonio que es esencial para esta representación fiscal para demostrar el delito de desórdenes públicos", afirmó la fiscal del caso durante el juicio sumario que inició este jueves.
García Funes, subdirector de la PNC y de la Sección de Áreas Especiales, testificará sobre cómo Catalino Miranda el 12 de marzo de 2022, día de su captura por desórdenes públicos, llegó de forma agresiva, violenta, y con amenazas de demandas al lugar donde estaban los agentes que decomisaban placas de sus unidades de la ruta 42 y 152, que según la acusación estaban obstaculizando la circulación vehicular en la 16 avenida Norte y la Avenida Independencia, en las cercanías del Parque Zurita, en San Salvador.
Además del subdirector García Funes, la Fiscalía pidió mandar a llamar por apremio también al agente policial Óscar Iván Osorio Dueñas, quien fue uno de los agentes que decomisaron placas a las unidades de transporte de Catalino Miranda.
La solicitud fue porque ambos testigos estaban citados para declarar en la vista pública contra Catalino Miranda este jueves, sin embargo, no comparecieron.
Ante la solicitud de la Fiscalía, el juez resolvió recesar el juicio en cuanto a su declaración, y ordenó localizar a los testigos para que lleguen a declarar este viernes a las 11:30 de la mañana.
"Un receso de la audiencia para efectos de la localización de los testigos Óscar Iván Osorio Dueñas y Douglas Omar García Funes...Queda impuesta la coordinación de la agencia fiscal de la coordinación interinstitucional con la corporación policial para la localización y comparecencia de dichos órganos de prueba", resolvió el juez de sentencia.
García Funes será parte de cinco testigos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) para demostrar la culpabilidad de Catalino Miranda de los hechos acusados.
Sin embargo, antes del receso, Miranda aceptó los hechos acusados en el juicio abreviado, bajo un acuerdo con la Fiscalía para obtener un beneficio en la reducción de la pena. La Fiscalía pidió una pena de tres años, dos años de cárcel por el delito de desórdenes públicos y un año de trabajo de utilidad pública por el delito de venta a precio superior.