La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Especializado de Extinción de Dominio transferir a favor del Estado, los inmuebles donde funcionaba la sede del partido Alianza Republicana Nacionalista, (Arena) en San Salvador y Ahuachapán, así como dos vehículos, todo valorado en $3,636,752.87.
Los Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio presentaron la solicitud al juzgado especializado el 28 de marzo de 2022, con el fin de recuperar parcialmente la donación millonaria del Gobierno de la República de Taiwán, en los años 2003 y 2004, que tenían como propósito la ejecución de cuatro proyectos de asistencia a las víctimas de los terremotos de 2001.
Según la investigación, esos fondos fueron supuestamente malversados por el expresidente de la República, Guillermo Francisco Flores Pérez, (quien gobernó entre 1999-2004), y transferidos al partido Arena.
Los inmuebles que Fiscalía ha pedido que pasen a manos del Estado, ya están a la orden del Consejo Nacional de Bienes (CONAB), uno es la sede del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) situado en San Salvador donde operó la sede central del partido político, a cuyas cuentas según las investigaciones, fueron transferidos los recursos donados por Taiwán.
Por este desvío millonario de las donaciones de Taiwán, en noviembre de 2021 el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, (2004-2009) fue condenado civilmente a devolver $6 millones al Estado.
También, el empresario Juan Wright Castro y Gerardo Balzaretti fueron condenados a retribuir al Estado $2 millones cada uno.
El Juzgado Segundo de Instrucción encontró culpables a los tres imputados del delito de lavado de dinero y activos mientras que en el proceso se acreditó el delito de peculado por parte del expresidente Francisco Flores.
Según la resolución, el delito se materializó con la firma de endose de cuatro cheques que fueron depositados en una cuenta de ahorro en Costa Rica y transferidos al Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena en El Salvador, utilizando un banco regional.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha reiterado su compromiso por investigar y perseguir la corrupción y asegurar que los recursos sustraídos del erario púbico regresen al Estado para ser invertidos en beneficio de los salvadoreños.
