Una fuente judicial confirmó a Diario El Mundo que en su dictamen de acusación, la Fiscalía ratificó los delitos por los cuales son procesados, siendo asociaciones ilícitas, privación de libertad y asesinato, en perjuicio de María Inés Alvarenga Leiva, un hecho ocurrido en 1989.
Los seis exguerrilleros miembros de la Resistencia Nacional (RN) procesados en el caso son: Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García.
Así mismo, en calidad de ausente José Eduardo Sancho Castaneda, conocido como Ferman Cienfuegos, y Arturo Serrano Ascencio, fueron declarados rebeldes y pesa sobre ellos una orden de captura.
Para todos, la Fiscalía solicitó que en la audiencia preliminar se valore la prueba y sean enviados a juicio por los delitos imputados. Por la medida cautelar, la Fiscalía no se pronunció. Actualmente los cinco procesados tienen arresto domiciliario.
El abogado defensor, Dennis Muñoz, dijo que espera que en la audiencia preliminar espera que la jueza les dé un sobreseimiento definitivo.
"Lo que espero es que se le decrete un sobreseimiento definitivo, porque estamos en presencia de un caso que no tiene mayor prueba en contra de ellos, y por el contrario, tenemos prueba a favor de ellos", aseguró el abogado defensor, Dennis Muñoz.
Agregó que se la acusación no se puede "fundamentar y sostener". El abogado explicó que la acusación estaba fundamentada en un testigo referencia, es decir, en algún que no presenció los hechos, únicamente le contaron. También dijo que no cuentan con prueba científica.
La audiencia preliminar se realizará en el edificio del Centro Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, a las 10:00 de la mañana del 3 de abril.
Diferentes organizaciones tanto nacionales e internacionales han reiterado en varias ocasiones a la Fiscalía y a la jueza desistir de la acusación, bajo el argumento que no existen pruebas contundentes para sostenerla, y al contrario buscan criminalizar la lucha ambientalista de los miembros de la comunidad Santa Marta, en cuanto a su oposición a la explotación minera en el departamento de Cabañas.
Los exguerrilleros y líderes comunitarios permanecieron procesados desde el 11 de enero de 2023 en detención provisional, pero en septiembre el mismo juzgado les decretó la excarcelación a cambio de arresto domiciliario.