Desde el pasado domingo 24 de marzo, en El Salvador ya suma ocho cercos militares que el Gobierno salvadoreño ha instalado en diferentes municipios del país, desde noviembre del 2022.

El primer cerco militar se instaló el 2 octubre del 2022 en el municipio de Comasagua, en La Libertad, luego que un mandador de un finca de ese municipio fuera asesinado por miembros de una clica de la Mara Salvatrucha. Ese cerco militar dejó como resultado la captura de 155 personas que fueron acusadas en los tribunales por los delitos de agrupaciones ilícitas.

Soyapango, uno de los municipios populosos y con alto índice de delincuencia, se convirtió en el segundo municipio en ser cercado, el 3 de diciembre del 2022, con 8,500 efectivos de la Fuerza Armada y 1,500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La madrugada del 24 de diciembre del 2023, el Gobierno también cercó militarmente la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, ahí con el fin de desarticular a grupos organizados en el tráfico de drogas. En ese tercer cerco participaron más de 1,000 soldados y 130 agentes de la PNC.

El cuarto cerco militar se instaló el mismo día del anterior en la comunidad La Granjita, en San Salvador, siempre con el objetivo de extraer pandilleros y narcotraficantes, ahí desplegaron a 1,000 soldados y 100 policías.

El 17 de mayo de 2023, 5,550 militares y 500 policías instalaron el cerco número cinco en el municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango, luego que el agente policial identificado como Maximino Antonio Vásques Rodríguez fuera asesinado supuestamente por pandilleros.

El sexto cerco militar se instaló el 1 de agosto del 2023 en el departamento de Cabañas, con más de 7,000 militares y 1,000 policías. El departamento fue cercado luego que dos policías fueran heridos en una emboscada por pandilleros en el cantón Maquilishuat, en Ilobasco.

Las colonias Popotlán y Valle Verde, en Apopa, también fueron puestas sobre cerco militar con 3,500 militares y 500 policías, luego que habitantes de esas colonias denunciaran una reagrupación de pandilleros. A ese séptimo cerco militar del 11 de octubre del 2023 se le sumo ese mismo día la comunidad La Campanera, en Soyapango, luego del asesinato de una menor de 7 años de edad.

Casi seis meses después, las autoridades anunciaron el octavo y más reciente cerco militar, en los municipios de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, del departamento de Chalatenango. Son alrededor de 5,000 soldados y 1,000 los que buscan desarticular una clica de la pandilla 18 sureños, señalados de ser los responsables de dos homicidios en las últimas semanas.

Sobre este último cerco, las autoridades solo han informado de la captura de dos supuestos pandilleros identificados como Enmanuel Quintanilla y José Elias Ramírez. Organizaciones como Cristosal han denunciado la captura de cuatro personas, entre ellas, una madre y su hija de 7 años de edad. De las cuatro detenciones, dos son miembros de una fundación llamada Tamarindo.

¿Por qué los cercos militares?

Los cercos militares iniciaron desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la quinta fase de su plan de seguridad que la denominó "extracción", y según Bukele consistiría en implementar cercos de seguridad como receta para sacar a los pandilleros de las comunidades, especialmente, en ciudades grandes.

Hasta la fecha se desconoce de las cifras de personas capturadas bajo la modalidad de cercos militares. En enero de 2023 fue la última vez que las autoridades informaron de más de 1,400 detenidos en los primeros tres cercos militares.