A través de una cadena nacional, el presidente de la república Nayib Bukele anunciaba hace exactamente cuatro años que el primer contagio de covid-19 llegó a El Salvador a través de un paso ciego y fue identificado en el municipio fronterizo de Metapán, al norte de Santa Ana, donde esa misma noche se instaló un cerco militar, aunque fue llamado “cordón sanitario”.
Cuatro años más tarde, ver la entrada de una ciudad o pueblo remoto del país custodiada por ciudadanos con mascarillas, rostros cubiertos y guantes, rociando amonio cuarternario en personas, zapatos y llantas de vehículos podría ser causa de carcajadas, pero en ese entonces eran las medidas de seguridad que muchos ciudadanos tomaron para cuidar sus territorios y la salud de ellos y sus familias.
El covid-19 llenó al país de pánico y arrebató la vida de miles de connacionales en situaciones poco transparentes, cuestionadas por médicos en el ejercicio de la profesión y organizaciones de la salud.
Pero previo a la llegada del Paciente 1, el gobierno salvadoreño ya había tomado medidas para intentar detener el ingreso de la pandemia que paralizó al mundo entero: decretó emergencia, suspendió clases, cerró fronteras, el aeropuerto internacional, y tres días después nos encerró a todos en nuestras casas, dejando al descubierto la vulnerabilidad y los privilegios de muchos.
Eran las 8:25 de la noche, cuando Bukele informó lo temido: una cuarentena obligatoria para evitar la proliferación del virus, que inició en China, a finales del 2019.
“Desde esta noche, a partir de hoy hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa por 30 días, nadie podrá salir de su casas durante 30 días desde esta noche”, informó Bukele en cadena nacional, ese sábado 21 de marzo.
Desde entonces, la vida para más de 6 millones de salvadoreños cambió; muchos perdieron sus empleos, sus negocios, y los más valioso: sus familiares que enfermaron de la neumonía atípica, como era señalado el SARS-CoV2.
El primer régimen de excepción
La Asamblea Legislativa aprobó una declaratoria de emergencia nacional y un régimen de excepción -el primero de muchos que con los años se haría costumbre en el país- que suspendió los derechos constitucionales del libre tránsito, libre reunión y al cambio de domicilio. El Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 14 como una especie de reglamento para que solo una persona por familia pudiese circular legalmente.La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional ese y 10 decretos ejecutivos más, por invadir las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que aprobó a su vez dos leyes de restricción temporal de derechos, que también fueron expulsadas del ordenamiento jurídico.
Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), indicó en agosto que se violaron hasta cuatro derechos constitucionales.
Al finalizar los 30 días anunciados llegó lo temido: 30 días más de encierro que encrudecieron las medidas. Se prohibió el transporte colectivo, el turismo, y el comercio informal que fue denominado “no esencial” como la venta de ropa, zapatos, fruta de temporada.
Quienes no acataron la disposición del gobierno fueron detenidos y llevados a centros de contención, que según médicos solo funcionaron para proliferar el virus y cometer violaciones a derechos constitucionales.
¿Transparencia?
Cuatro años más tarde, investigaciones periodísticas han revelado que los datos que el gobierno compartió sobre los enfermos y muertos de covid-19 no eran completos y que existió un subregistro de más del 400 %.Actualmente, los datos siguen siendo oscuros pues el Ministerio de Salud optó por incluirlos semanalmente en los boletines epidemiológicos que hace públicos sin ninguna periodicidad.
El gobierno fue uno de los primeros en Centroamérica en empezar a vacunar contra el virus en febrero del 2021, pero los datos de la compra y el plan de vacunación tiene reserva durante los próximos 7 años.
